La provincia gobernada por Marcelo Orrego busca colocar hasta US$600 millones en bonos a nueve años y bajo legislación de Nueva York. Los recursos estarán destinados a obras de infraestructura y bienes de capital, en un escenario marcado por la expansión de la actividad minera.
El Gobierno de San Juan avanza con una nueva operación de financiamiento en los mercados internacionales y prepara una emisión de bonos por hasta US$600 millones. Los títulos estarán denominados en dólares, tendrán un plazo de nueve años y quedarán sujetos a la legislación del estado de Nueva York. La colocación está prevista para este jueves 24 de septiembre y marcará el regreso de la provincia al mercado internacional de deuda después de casi tres décadas.
La operación fue autorizada por la Legislatura provincial y tiene como objetivo obtener recursos para financiar inversiones públicas. De acuerdo con la información difundida por la administración sanjuanina, el dinero tendrá asignación específica para obras de infraestructura y adquisición de bienes de capital, por lo que no estará destinado a cubrir gastos corrientes del Estado. Entre los proyectos aparecen iniciativas relacionadas con rutas, energía, infraestructura hídrica y necesidades vinculadas al desarrollo productivo.
El bono tendrá una tasa de interés fija, que todavía debe definirse a partir de las condiciones de la licitación. Los intereses se pagarán de manera semestral y el capital será amortizado en tres etapas durante los últimos años de vida del título. La estructura contempla pagos equivalentes al 33% del capital en 2033, otro 33% en 2034 y el 34% restante en 2035, de acuerdo con las características difundidas sobre la emisión.
El regreso de San Juan a los mercados internacionales se produce después de su última experiencia de financiamiento externo a fines de la década de 1990. En el período reciente, varias provincias argentinas volvieron a recurrir al mercado internacional para conseguir dólares mediante títulos bajo legislación extranjera. Según datos citados por la consultora 1816, durante la actual gestión nacional distintas jurisdicciones provinciales acumularon emisiones por US$4.875 millones bajo legislación extranjera, entre ellas Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Neuquén.
La situación financiera de San Juan también fue considerada por las calificadoras de riesgo. Fitch asignó una calificación esperada de “B-” a la emisión, mientras que otros reportes financieros señalaron una calificación B3 por parte de Moody’s. Entre los aspectos destacados aparecen el nivel de liquidez y el relativamente bajo endeudamiento previo de la provincia, aunque también se advierte sobre la exposición cambiaria derivada de una deuda mayoritariamente denominada en moneda extranjera.
Uno de los datos centrales para evaluar el impacto de la operación será la relación entre la nueva deuda y los ingresos provinciales. De acuerdo con estimaciones citadas por Adcap, antes de la colocación el stock de deuda representaría cerca del 10% de los ingresos de San Juan. Una vez concretada la emisión por el máximo autorizado, esa relación podría subir inicialmente hasta alrededor del 40%, aunque el porcentaje podría disminuir posteriormente si aumentan los recursos de la provincia.
La minería aparece como uno de los principales argumentos económicos detrás de la estrategia de financiamiento. San Juan atraviesa una etapa de expansión de proyectos vinculados con el cobre, el oro y otros minerales, lo que genera necesidades adicionales de infraestructura, energía, agua, rutas y logística. Durante las presentaciones realizadas ante potenciales inversores, el Gobierno provincial destacó especialmente el proyecto Vicuña y estimó que su desarrollo podría generar nuevos ingresos para las arcas provinciales en los próximos años.
La colocación tendrá además como telón de fondo las condiciones actuales de los mercados financieros internacionales y el nivel de riesgo asociado a los activos argentinos. En las últimas jornadas, el riesgo país argentino superó los 550 puntos básicos, un factor que puede incidir sobre el rendimiento exigido por los inversores a las nuevas emisiones. Para San Juan, la tasa definitiva será uno de los principales datos de la operación, ya que determinará el costo financiero de los hasta US$600 millones que la provincia busca obtener para financiar su plan de infraestructura.
Fuente: Política Argentina
