El oficialismo negocia con bloques provinciales y dialoguistas para avanzar con dos proyectos considerados centrales por el Gobierno de Javier Milei. La reforma del Banco Central y el recorte del régimen de Zonas Frías llegan al Senado con diferencias todavía abiertas y con impacto directo en provincias como Córdoba.
La Libertad Avanza busca cerrar acuerdos con distintos bloques del Senado para conseguir el respaldo necesario para avanzar con dos iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la modificación del régimen de Zonas Frías. Ambas propuestas ya cuentan con antecedentes legislativos en Diputados y el oficialismo intenta llevarlas al recinto de la Cámara alta en una sesión prevista para este jueves.
La negociación está encabezada en el Senado por Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza, quien mantiene conversaciones con legisladores de espacios provinciales, el PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas. Sin embargo, todavía existen diferencias respecto del proyecto del Banco Central, particularmente en torno al mecanismo para designar y remover a sus autoridades. Algunos aliados del Gobierno plantean modificaciones al texto aprobado por Diputados.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central plantea, entre otros cambios, limitar la posibilidad de que el organismo otorgue asistencia financiera al Tesoro nacional y a las provincias. El proyecto también modifica el sistema de designación de los integrantes del directorio: la iniciativa establece que deberán contar con respaldo de ambas cámaras del Congreso, mientras que su remoción requeriría una mayoría agravada. Estos puntos son parte de las negociaciones que el oficialismo mantiene con sus aliados.
El otro proyecto que genera una fuerte discusión es el referido al régimen de Zonas Frías. El esquema vigente fue ampliado en 2021 y alcanzó a localidades de distintas provincias, entre ellas Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan y San Luis. Actualmente, el beneficio permite aplicar descuentos sobre las facturas de gas para determinados usuarios comprendidos dentro de las zonas alcanzadas.
La propuesta impulsada por el Gobierno modifica ese criterio geográfico y busca concentrar el subsidio en las regiones consideradas de mayor severidad climática. El proyecto contempla mantener el beneficio de manera general en la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que en otras zonas el acceso quedaría condicionado a determinados niveles de vulnerabilidad económica o a situaciones específicas, como la inscripción en el ReNaBaP, la condición de veterano de Malvinas o la existencia de una persona con Certificado Único de Discapacidad en el hogar.
El cambio tiene particular importancia para Córdoba, ya que la provincia forma parte actualmente de la denominada zona fría ampliada. La modificación podría dejar fuera del beneficio general a numerosos usuarios que actualmente cuentan con la reducción tarifaria, aunque el alcance final dependerá del texto que eventualmente apruebe el Congreso. El debate también genera reparos entre gobernadores de distintas provincias que han acompañado iniciativas del oficialismo en otras oportunidades.
Para conseguir respaldo político, el Gobierno también mantiene conversaciones con gobernadores y senadores del Norte Grande. Entre las alternativas discutidas aparece la posibilidad de establecer algún mecanismo de subsidio eléctrico durante los meses de verano para esas provincias, como parte de las negociaciones destinadas a conseguir apoyo parlamentario para modificar el régimen de Zonas Frías. El oficialismo sostiene que la reforma permitiría reducir el costo fiscal de los subsidios.
El escenario en el Senado todavía permanece abierto. La Libertad Avanza necesita construir mayorías con otros bloques y enfrenta reclamos para introducir modificaciones en ambos proyectos. En el caso del Banco Central, si el Senado modifica el texto aprobado por Diputados, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja. Con Zonas Frías también existen posiciones contrapuestas entre el oficialismo, el peronismo y legisladores provinciales que defienden el esquema vigente.
Fuente: Política Argentina
