La negociación entre el Gobierno nacional y los gremios universitarios volvió a terminar sin acuerdo. El Ejecutivo mantuvo una propuesta de aumento del 3% para septiembre y octubre, mientras los sindicatos reclaman una recomposición cercana al 32,5%. En paralelo, el Presupuesto 2027 abrió otra disputa por los fondos destinados a las universidades nacionales.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas volvió a profundizarse después de una nueva reunión paritaria sin acuerdo entre las autoridades de la Secretaría de Educación y los representantes docentes y no docentes. El Ejecutivo mantuvo una propuesta de incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una oferta que ya había sido rechazada por las organizaciones sindicales.
El reclamo de los gremios incluye, además de los aumentos inmediatos, una recomposición por la pérdida salarial acumulada. Las organizaciones sostienen que los salarios universitarios necesitan recuperar alrededor de un 32,5% y vinculan ese pedido con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y con una medida cautelar dictada por la Justicia. El Gobierno, en cambio, sostiene que los incrementos otorgados y el esquema propuesto forman parte de la recomposición salarial que corresponde aplicar.
La falta de acuerdo ya derivó en nuevas medidas de fuerza. El Frente Sindical de Universidades Nacionales confirmó paros para el 18 y el 22 de septiembre, mientras que distintas organizaciones comenzaron a definir un nuevo plan de protesta. La Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal no docente, también se sumó a las medidas.
En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones sindicales y las organizaciones estudiantiles convocaron a la quinta Marcha Federal Universitaria, que se realizará el 15 de octubre. La movilización tendrá como ejes el financiamiento de las universidades, la recomposición salarial, las becas estudiantiles y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto salarial se superpone con una discusión judicial. Los gremios y las autoridades universitarias sostienen que el Ejecutivo debe cumplir con las disposiciones de la Ley 27.795, particularmente aquellas relacionadas con la actualización salarial y las becas. Desde el Gobierno sostienen una interpretación diferente sobre el alcance de las obligaciones y toman como referencia los aumentos acordados previamente y el incremento del 3% previsto para septiembre.
A la discusión salarial se suma el Presupuesto 2027. Según el proyecto presentado por el Gobierno, se contemplan alrededor de $7,3 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. El CIN, por su parte, calcula que el sistema universitario requiere cerca de $11 billones para el próximo año, lo que genera una diferencia de varios billones de pesos entre lo solicitado por las instituciones y lo previsto en el proyecto oficial.
Las autoridades universitarias también advierten sobre el impacto que podría tener esa diferencia en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Desde el CIN y distintas universidades se reclama que el presupuesto contemple no solamente salarios, sino también gastos de funcionamiento, infraestructura, becas, investigación y actividades de extensión. Estos planteos forman parte de la discusión presupuestaria que deberá continuar en el Congreso durante el tratamiento del proyecto para 2027.
La UBA, además, anunció un esquema de paros rotativos que se extenderá durante varias semanas, con medidas en distintas facultades y dependencias. El escenario universitario combina así reclamos salariales, medidas de fuerza, una disputa judicial por el financiamiento y el debate parlamentario del Presupuesto 2027. Mientras los gremios y las autoridades universitarias preparan nuevas movilizaciones, el Gobierno mantiene su propuesta salarial y defiende su interpretación sobre el cumplimiento de las obligaciones vigentes.
Con ayuda de Pagina 12
