El gobernador de Córdoba cuestionó las modificaciones sobre discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 y pidió a los legisladores nacionales que no acompañen un eventual recorte. Aseguró que la Provincia seguirá sosteniendo su red de atención junto a organizaciones y municipios.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, volvió a marcar una diferencia con el Gobierno nacional a partir de los cambios vinculados con las políticas de discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. A través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que para Córdoba “los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables” y anticipó que la Provincia no acompañará medidas que, según su interpretación, impliquen un recorte de derechos.
“En nuestra provincia, la discapacidad es una prioridad. No es beneficencia ni caridad”, expresó Llaryora. En el mismo mensaje, planteó que las prestaciones, los traslados y las terapias deben estar garantizados independientemente de la situación económica de las familias o del lugar de la provincia donde residan las personas que necesitan esos servicios.
El gobernador también dirigió su reclamo a los diputados y senadores nacionales que representan a Córdoba. Les pidió que no acompañen el capítulo del Presupuesto 2027 referido a discapacidad y extendió el planteo al Congreso en general. El proyecto contempla modificaciones sobre distintos aspectos del sistema, entre ellos el esquema de actualización de aranceles y otras disposiciones vinculadas con las prestaciones y las pensiones.
La posición de Llaryora se produce en medio de una discusión que generó cuestionamientos de organizaciones del sector, gobiernos provinciales y algunos legisladores oficialistas y aliados. El texto original presentado por el Ejecutivo propone cambios en la normativa vigente de discapacidad, mientras distintos bloques parlamentarios analizan modificaciones para alcanzar un texto que pueda reunir los apoyos necesarios en el Congreso.
Uno de los puntos que genera debate es el sistema de actualización de los aranceles correspondientes a las prestaciones básicas para personas con discapacidad. También se discuten las condiciones vinculadas con las pensiones no contributivas y el funcionamiento del nomenclador. Estos aspectos forman parte de las negociaciones parlamentarias y todavía pueden modificarse durante el tratamiento legislativo.
Llaryora sostuvo que Córdoba continuará trabajando junto a casi 350 organizaciones y gobiernos locales para sostener la red provincial de atención e inclusión. Sin embargo, advirtió que, desde su perspectiva, ese esfuerzo puede resultar insuficiente si el Estado nacional reduce su participación en el financiamiento y en las políticas destinadas al sector.
En ese sentido, el gobernador afirmó que una eventual retirada del Estado nacional podría llevar al sistema a un “colapso prestacional”. También remarcó que las políticas de discapacidad deben contemplar la inclusión educativa, laboral y social de las personas. “Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, expresó en su mensaje.
El pronunciamiento profundiza una diferencia que Córdoba ya había manifestado durante los últimos días a través de funcionarios provinciales y legisladores. Mientras el Gobierno nacional negocia modificaciones al capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 para conseguir respaldo parlamentario, Llaryora fijó públicamente la posición de la Provincia y reclamó que los representantes cordobeses en el Congreso no acompañen medidas que, según su planteo, afecten las prestaciones y los recursos destinados al sector.
Con ayuda de La Nueva Mañana
