El gremio denunció el despido de trabajadores civiles de la residencia presidencial y su reemplazo por personal militar. Rodolfo Aguiar cuestionó la medida y sostuvo que forma parte de un proceso de creciente presencia de las Fuerzas Armadas en funciones que anteriormente estaban a cargo de empleados civiles.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a cuestionar la reorganización de la Quinta de Olivos y alertó sobre lo que su secretario general, Rodolfo Aguiar, definió como un proceso creciente de “militarización del Gobierno”. El planteo surgió luego de que trabajadores civiles de la residencia presidencial fueran desvinculados o desplazados y sus funciones comenzaran a quedar bajo la órbita de Casa Militar.
Según informó ATE, hasta el momento fueron despedidos 14 trabajadores de la Quinta de Olivos que realizaban tareas de jardinería, administración, limpieza, cocina y atención. El gremio sostiene que algunos de los empleados tenían hasta tres décadas de antigüedad y habían desarrollado sus funciones durante distintas administraciones presidenciales. La organización sindical cuestionó que personal civil sea reemplazado por integrantes de las Fuerzas Armadas.
El cambio forma parte de una reorganización anunciada por el Gobierno nacional, mediante la cual Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. El proceso contempla una transferencia de responsabilidades que deberá completarse en un plazo determinado por la administración nacional.
Desde el Ejecutivo, la reorganización fue presentada como una medida destinada a fortalecer la seguridad presidencial y mejorar los procesos administrativos internos. De acuerdo con la explicación oficial difundida sobre la modificación, Casa Militar tendrá un rol integral en la seguridad y gestión operativa de las residencias presidenciales. La decisión se produjo después de distintos episodios relacionados con filtraciones de información que, según el Gobierno, comprometían aspectos vinculados con la seguridad del Presidente.
ATE, sin embargo, cuestionó esa explicación y sostuvo que los trabajadores civiles afectados no participaban de las reuniones privadas del mandatario. El gremio también señaló que durante la actual gestión ya fueron cesanteados más de 300 trabajadores civiles vinculados con las Fuerzas Armadas y que determinadas vacantes comenzaron a ser ocupadas por personal militar. Estos datos corresponden a los relevamientos y planteos realizados por la organización sindical.
Aguiar afirmó que la situación no se limita a la Quinta de Olivos y advirtió que podrían producirse cambios similares en otras dependencias estatales. “Atravesamos un proceso creciente de militarización del Gobierno y un debilitamiento extremo de la democracia”, sostuvo el dirigente de ATE. También cuestionó que puestos administrativos en áreas gubernamentales comiencen a ser ocupados por militares, una caracterización que forma parte de la posición expresada por el sindicato.
El gremio también puso el foco en la situación del personal civil de las Fuerzas Armadas. Según ATE, actualmente existen 2.653 trabajadores civiles desempeñándose en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, mientras que el Gobierno proyectaría reemplazar por militares a otros 600 trabajadores. La organización considera que esa política profundiza el desplazamiento de empleados civiles de funciones administrativas y de apoyo dentro de organismos vinculados con la defensa.
La disputa por los despidos en Olivos se suma así a una serie de cuestionamientos gremiales sobre la reorganización del Estado y el rol que las Fuerzas Armadas están asumiendo dentro de la administración nacional. Mientras ATE reclama la reincorporación de los trabajadores afectados y advierte sobre una mayor presencia militar en funciones civiles, el Gobierno sostiene que la modificación responde a razones de seguridad y eficiencia. El conflicto permanece abierto y el sindicato analiza los próximos pasos frente a las desvinculaciones.
Con ayuda de La Nueva Mañana
