El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso modifica varios artículos vinculados con las pensiones y el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Entre los principales cambios aparecen la eliminación de la compatibilidad entre pensión y empleo formal y modificaciones al régimen de aranceles del nomenclador.
El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de Javier Milei incorporó modificaciones sustanciales sobre distintos aspectos del sistema de discapacidad y abrió una nueva discusión en el Congreso. Aunque la iniciativa no plantea una derogación completa de la Ley de Emergencia en Discapacidad, propone reemplazar o eliminar artículos centrales de la normativa vigente y modificar disposiciones de las leyes que regulan las pensiones y las prestaciones básicas.
Uno de los cambios centrales está relacionado con el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que actualmente establece valores de referencia para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El proyecto elimina el principio de homogeneidad de los aranceles y establece que la universalidad de la atención no implicará necesariamente que exista un mismo valor para una prestación independientemente del financiador. De aprobarse el texto, podrían establecerse distintos valores según la obra social, prepaga u organismo responsable del pago.
La propuesta también modifica el mecanismo de actualización de los aranceles. La legislación vigente contempla una actualización vinculada a la movilidad de jubilaciones, pensiones y asignaciones, mientras que el nuevo esquema elimina esa referencia automática. Para el caso del Estado nacional, el proyecto contempla una determinación trimestral de los valores, mientras que para otros financiadores se habilita una mayor flexibilidad en la definición de los montos.
Otro de los puntos relevantes está vinculado con las pensiones no contributivas por discapacidad. El proyecto modifica el régimen vigente y vuelve a introducir como elemento central la condición de estar imposibilitado para trabajar. También elimina la compatibilidad entre la pensión y un empleo registrado, una posibilidad que había sido incorporada por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La iniciativa también modifica el vínculo entre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el acceso a las pensiones. Según el análisis del proyecto, contar con un CUD dejaría de funcionar como vía suficiente para acceder al beneficio, ya que entrarían nuevamente en juego los requisitos establecidos para las pensiones por invalidez laboral. Las características concretas del régimen quedarían además sujetas a la reglamentación correspondiente.
Las organizaciones vinculadas con la discapacidad cuestionaron estos cambios y sostienen que pueden generar mayores diferencias dentro del sistema. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló que la eliminación de un arancel común podría provocar que una misma prestación tenga diferentes valores dependiendo de quién deba financiarla. Estas son objeciones planteadas por las organizaciones del sector y forman parte del debate legislativo abierto tras la presentación del proyecto.
El debate se produce además mientras el Congreso analiza proyectos para prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad. La discusión parlamentaria incluye reclamos por las pensiones, los pagos atrasados, los aranceles y la situación de los prestadores. La incorporación de estas modificaciones dentro del Presupuesto 2027 agregó otro elemento a una negociación que ya estaba en marcha entre el oficialismo, bloques opositores y sectores vinculados con discapacidad.
Frente a la controversia, el Gobierno también comenzó a evaluar modificaciones al capítulo de discapacidad del proyecto. Según fuentes del Poder Ejecutivo y del Congreso citadas por medios nacionales, la Casa Rosada analiza cambios en el texto para buscar acuerdos parlamentarios, aunque no está planteado que necesariamente se mantengan todos los puntos objetados. Por ahora, las modificaciones forman parte de un proyecto de ley que deberá atravesar el debate legislativo antes de convertirse —o no— en norma vigente.
Con ayuda de La Nueva Mañana
