El Senado dio media sanción al proyecto que modifica el régimen de biocombustibles y eleva progresivamente los porcentajes de mezcla con naftas y gasoil. Las entidades agroindustriales destacaron el avance y estimaron que la nueva normativa podría generar inversiones privadas superiores a los US$1.000 millones.
El proyecto de modificación del régimen de biocombustibles obtuvo media sanción en el Senado de la Nación y abrió una nueva etapa en la discusión sobre el futuro de la producción de bioetanol y biodiésel en Argentina. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, propone aumentar los porcentajes obligatorios de mezcla de biocombustibles con combustibles fósiles y establece un esquema que, según las entidades del sector, permitiría generar mayor previsibilidad para las inversiones productivas.
Uno de los principales cambios contemplados en el proyecto es el incremento del corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%. Dentro de ese nuevo porcentaje, el texto establece una distribución del 6% para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar, otro 6% para el elaborado con maíz y un 3% restante sujeto a competencia. La iniciativa también contempla elevar el corte obligatorio de biodiésel hasta el 10% en el gasoil.
La modificación del régimen responde a reclamos de distintos sectores vinculados con la producción de azúcar, maíz, soja y aceites, que vienen planteando la necesidad de contar con reglas de juego estables para ampliar la actividad industrial. El nuevo esquema apunta a incrementar la utilización de materias primas nacionales y favorecer el agregado de valor en origen, particularmente en las provincias donde se concentran las cadenas productivas vinculadas con los biocombustibles.
Desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) celebraron la aprobación en el Senado y consideraron que el avance legislativo puede generar un escenario de mayor previsibilidad para el sector. La entidad sostuvo que la iniciativa constituye un paso hacia el desarrollo sustentable, el agregado de valor en origen y la transición energética, al tiempo que vinculó el nuevo régimen con una mayor demanda para las cadenas del maíz, la soja y la caña de azúcar.
Uno de los datos centrales difundidos por el sector es la posibilidad de que la plena implementación de la normativa genere inversiones privadas superiores a los US$1.000 millones. De acuerdo con las estimaciones del CAA, esos recursos podrían destinarse a ampliar la capacidad instalada de las plantas, incorporar tecnología, desarrollar infraestructura logística y avanzar en proyectos vinculados con la generación de energías limpias. Se trata, sin embargo, de una proyección de las entidades agroindustriales y no de inversiones ya concretadas.
Las organizaciones empresarias también vincularon la iniciativa con el mercado laboral. Según el CAA, una mayor producción de biocombustibles podría generar nuevos puestos de trabajo directos e indirectos y fortalecer las economías regionales. Otro de los argumentos planteados por el sector es la posibilidad de reducir la necesidad de importar combustibles fósiles, lo que permitiría sustituir parte de esas compras externas mediante producción energética de origen nacional.
El proyecto también establece condiciones destinadas a preservar la participación de distintos actores dentro del mercado. En el caso del bioetanol, ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del mercado, mientras que la distribución prevista entre el producto de origen cañero, el elaborado a partir de maíz y el porcentaje sujeto a competencia busca establecer un esquema de participación para las distintas cadenas productivas. La iniciativa plantea además que el nuevo régimen tenga plena aplicación a partir de 2027.
El presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, Gustavo Idígoras, destacó el avance parlamentario y sostuvo que la modificación permitiría avanzar en mayor federalismo, reducción de la huella de carbono, mejoras en la calidad de los biocombustibles y generación de empleo. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) también celebraron la media sanción y señalaron que el incremento de los cortes y el esquema de competencia podrían favorecer futuras inversiones. Ambas entidades reclamaron ahora que la Cámara de Diputados avance con la sanción definitiva.
Con la media sanción del Senado, el proyecto inicia ahora su recorrido por la Cámara de Diputados, donde deberá conseguir la aprobación definitiva para convertirse en ley. El resultado de ese tratamiento será determinante para establecer si el nuevo régimen comenzará a aplicarse desde 2027 y bajo qué condiciones. Mientras tanto, el sector agroindustrial sostiene que la iniciativa puede abrir una etapa de expansión para los biocombustibles, con mayor utilización de materias primas nacionales y un volumen potencial de inversiones que, según sus propias estimaciones, supera los US$1.000 millones.
Fuente: Ámbito Financiero
