Un hombre que se desempeña como agente de planta permanente en el bloque de la UCR fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual agravado por el vínculo. La causa fue radicada por una familiar directa, que relató hechos ocurridos durante su infancia y adolescencia.
Un nuevo escándalo sacude a la Legislatura de Córdoba. Se trata de la denuncia penal contra Omar Manuel Ludueña, conocido en el ámbito político como “Manotas”, empleado de planta permanente de la Unicameral y militante histórico de la seccional cuarta de la Unión Cívica Radical, con una larga trayectoria junto al espacio liderado por el exdiputado nacional Rodrigo de Loredo.
Según la denuncia, presentada el 15 de agosto ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno, una mujer que convivió con Ludueña desde los 3 años relató haber sufrido abuso sexual con acceso carnal en un período que se habría extendido hasta los 14 años de edad. La causa tramita actualmente en instrucción y, hasta el momento, no se conoció una imputación formal contra el denunciado.
El caso llegó a la esfera pública
Lo que en principio fue una denuncia de instancia privada tomó estado público luego de que la propia denunciante difundiera un escrito en redes sociales. A partir de ese momento, y según trascendió, Ludueña habría intentado establecer contacto con ella, lo que derivó en una orden judicial de restricción de acercamiento a la víctima.
El caso adquirió dimensión política porque Ludueña reviste como agente de planta permanente en la Legislatura provincial, donde ingresó en diciembre de 2011 a pedido del bloque de la UCR, en un trámite impulsado por el entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo. Más adelante pasó a desempeñarse en la oficina de Alejandra Ferrero, una de las dirigentes de confianza de De Loredo, y también fue vinculado en su militancia territorial con la actual concejal Elisa Caffaratti.
Es importante remarcar que la denuncia no involucra a De Loredo ni a Caffaratti: ambos dirigentes son mencionados exclusivamente por su relación política y de confianza con el empleado denunciado, no como parte de la causa judicial. Caffaratti, de hecho, manifestó su consternación por el caso y realizó una presentación propia ante la Justicia el 8 de septiembre.
Un patrón que se repite en la Legislatura cordobesa
Este episodio se suma a una seguidilla de casos que en las últimas semanas pusieron bajo la lupa los mecanismos de contratación de asesores y personal en la Legislatura de Córdoba. En paralelo se investiga a José Villarreal, exasesor del legislador del PJ Ernesto “Cañito” Flores, imputado por abuso sexual con acceso carnal y presunta participación en una red de explotación sexual de menores en el departamento Río Seco, causa que ya acumula más de una docena de detenidos. La sucesión de casos motivó a la Legislatura a anunciar nuevas exigencias de control de antecedentes —penales, de reincidencia y de deudores alimentarios— para toda futura contratación de personal.
Más allá de los colores políticos involucrados —UCR en este caso, PJ en el anterior—, lo que exponen estos episodios es una falla estructural en los controles internos de la Legislatura cordobesa a la hora de incorporar y sostener personal en cargos de confianza. La discusión no debería agotarse en el desgaste político de tal o cual dirigente, sino en garantizar mecanismos reales de prevención y en que la Justicia investigue con celeridad, resguardando en todo momento la identidad e integridad de las víctimas.
