El Ejecutivo impulsa modificaciones en los convenios colectivos para establecer un único salario por actividad, sin diferencias por antigüedad, especialidad o categoría. La propuesta se complementaría con un esquema de “salario dinámico” que permitiría otorgar adicionales de manera individual y eventualmente revertirlos. La CGT ya anticipó su rechazo y advirtió sobre el impacto en las negociaciones colectivas.
El Gobierno de Javier Milei avanza con una nueva iniciativa dentro de su reforma laboral que apunta a modificar uno de los pilares históricos de los convenios colectivos de trabajo: las categorías salariales. Según reveló El Destape, el Ejecutivo impulsa la posibilidad de establecer un único salario por actividad, sin distinciones vinculadas con la antigüedad, la especialidad o el tipo de tarea realizada. La propuesta busca complementar el esquema de “ingreso mínimo garantizado” de $1.070.000 y el denominado “salario dinámico” incorporado a la reforma laboral.
El planteo supone un cambio profundo en la manera en que se determinan los ingresos dentro de cada rama laboral. En el esquema que analiza el Gobierno, todos los trabajadores de una misma actividad podrían partir de un salario básico común, independientemente de si se trata de una persona recién incorporada o de un trabajador con años de experiencia y una mayor especialización. Las diferencias salariales quedarían entonces vinculadas a adicionales que podrían establecerse mediante negociaciones o, en determinados casos, por decisión unilateral del empleador.
La iniciativa está relacionada con el artículo 104 bis de la Ley 27.802, que habilita la incorporación de componentes retributivos “dinámicos” adicionales por encima de los salarios obligatorios. De acuerdo con la norma citada por El Destape, esos componentes pueden ser transitorios, fijos o variables y contemplar el mérito personal del trabajador o cuestiones propias de la organización. Además, determinados adicionales podrían modificarse o dejar de aplicarse sin que opere automáticamente la continuidad de esa mejora como un derecho adquirido.
En términos concretos, el Gobierno imagina un sistema en el que un trabajador formal pueda tener un ingreso mínimo común y que, a partir de allí, las diferencias sean determinadas por la empresa. El medio plantea como ejemplo un salario bruto de $1.070.000 para un trabajador que recién ingresa, equivalente a unos $860.000 de bolsillo, mientras que los adicionales podrían depender de factores como desempeño, mérito o necesidades de la organización. De esta manera, la estructura tradicional de categorías y adicionales vinculados a la carrera laboral perdería peso frente a un esquema más individualizado.
La propuesta generó una inmediata reacción negativa dentro de la CGT. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y uno de los dirigentes de mayor peso dentro de la central obrera, cuestionó la posibilidad de que el Gobierno intervenga sobre las negociaciones entre sindicatos y empresas. Según expresó, las paritarias y los convenios colectivos tienen autonomía y no deberían quedar condicionados por decisiones políticas del Poder Ejecutivo. Para la dirigencia sindical, el planteo representa una amenaza directa al modelo de negociación colectiva que rige desde hace décadas en la Argentina.
El conflicto no es menor porque las categorías laborales forman parte de la estructura histórica de los convenios colectivos argentinos. Las distintas escalas salariales suelen contemplar experiencia, formación, responsabilidad, especialización y complejidad de las tareas realizadas. El Destape recordó que incluso uno de los primeros convenios colectivos del país, firmado en 1906 por la Unión Tipográfica, ya establecía categorías diferenciadas. La eliminación de esas divisiones representaría, por lo tanto, una modificación estructural de la forma en que se organiza el salario dentro de las actividades.
La estrategia oficial es impulsada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, con el respaldo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El objetivo, según la información publicada, sería avanzar sobre los convenios colectivos y otorgar mayor margen de decisión a las empresas en la determinación del ingreso final de sus trabajadores. El Gobierno sostiene una visión de mayor flexibilidad de las relaciones laborales, mientras que los sindicatos advierten que esa flexibilización puede terminar debilitando la capacidad de negociación colectiva.
El proyecto también enfrenta un obstáculo político: hasta ahora, la convocatoria del Gobierno para renegociar convenios colectivos no tuvo el alcance esperado. Según El Destape, de unos 800 convenios convocados para revisar sus términos bajo la reglamentación de la reforma laboral, solamente un grupo reducido se presentó y, en líneas generales, lo hizo para ratificar las condiciones existentes. El fracaso de esa convocatoria obligó al Ejecutivo a realizar modificaciones aclaratorias en la reglamentación, aunque tampoco habría logrado sumar a una cantidad significativa de sectores.
La discusión sobre el salario único promete convertirse así en uno de los principales focos de conflicto de la reforma laboral. Mientras el Gobierno busca avanzar hacia un esquema donde exista una remuneración base por actividad y mayores componentes variables definidos a nivel individual, la CGT defiende el actual sistema de categorías, adicionales y negociación colectiva. La disputa no se limita a cuánto cobrará un trabajador, sino que pone en juego quién tendrá mayor poder para determinar ese salario: los sindicatos mediante los convenios colectivos o las empresas mediante acuerdos individuales y mecanismos de remuneración dinámica.
Fuente: El Destape
