ergio Urribarri fue detenido en Concordia y trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena que recibió por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. También quedaron detenidos Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, condenados en la misma causa.
El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido durante la madrugada del sábado y trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde comenzó a cumplir la condena de ocho años de prisión que pesa sobre él por delitos contra la administración pública. El arresto se concretó en su domicilio de Concordia, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los últimos recursos presentados por su defensa y dejara firme la sentencia dictada originalmente en 2022.
El traslado hasta Paraná demandó cerca de cuatro horas y se realizó bajo custodia de la Policía de Entre Ríos. Urribarri recorrió aproximadamente 280 kilómetros desde Concordia hasta la capital provincial y finalmente quedó alojado en el establecimiento penitenciario, a disposición de la Justicia. De esta manera, terminó la etapa de recursos judiciales que durante años había mantenido suspendida la ejecución efectiva de la condena y comenzó formalmente el cumplimiento de la pena impuesta por los tribunales entrerrianos.
La condena contra Urribarri había sido dictada el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. El exmandatario fue condenado a ocho años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. La sentencia fue posteriormente confirmada por la Justicia provincial y, finalmente, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa, dejando firme el fallo.
El expediente investigó distintas maniobras relacionadas con el manejo de fondos públicos durante la gestión de Urribarri al frente de Entre Ríos. Entre los hechos analizados por la Justicia estuvieron contrataciones vinculadas con publicidad oficial y gastos relacionados con la organización de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014. Según la acusación que terminó derivando en la condena, parte de esos recursos estatales habría sido direccionada en beneficio de empresas vinculadas con el entorno del entonces gobernador.
La situación judicial de Urribarri también tuvo consecuencias políticas. El exgobernador había sido designado embajador argentino en Israel durante el gobierno de Alberto Fernández, pero dejó ese cargo luego de que la Justicia entrerriana dictara la condena en su contra. Desde entonces, el proceso continuó atravesando distintas instancias de revisión hasta llegar al máximo tribunal del país, que finalmente rechazó los planteos extraordinarios de la defensa y dejó expedita la ejecución de la pena.
Junto con Urribarri también fueron detenidos Pedro Báez, quien había sido ministro de Cultura y Comunicación durante su administración, y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador. Ambos recibieron condenas de seis años y seis meses de prisión en el mismo expediente. La resolución que ordenó las detenciones fue adoptada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná después de que se conociera la decisión de la Corte Suprema sobre los recursos presentados por los condenados.
La defensa de Urribarri intentó además evitar su ingreso a una cárcel común mediante un pedido de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. El planteo fue presentado en las horas previas al traslado y argumentó razones vinculadas con su situación personal y de salud. Sin embargo, el Tribunal desestimó esa alternativa y ordenó que el exgobernador comenzara a cumplir la pena en una unidad penitenciaria, por lo que finalmente fue trasladado a Paraná.
La detención marca así un nuevo capítulo en uno de los procesos de corrupción más relevantes de la política entrerriana de los últimos años. Después de más de cuatro años desde la condena inicial, Urribarri dejó de atravesar instancias de revisión judicial y pasó a cumplir efectivamente la pena de ocho años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a la política argentina: qué ocurre cuando los tribunales llegan al final del camino y una condena que durante años fue apelada finalmente se convierte en una pena efectiva.
Con ayuda de La Nueva Mañana
