El máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por el exgobernador de Entre Ríos y dejó firme la pena de ocho años de prisión por delitos vinculados con el direccionamiento de contrataciones y el uso irregular de fondos públicos. También quedó establecida su inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos y exembajador argentino en Israel, quien deberá cumplir una pena de ocho años de prisión. El máximo tribunal desestimó los recursos extraordinarios presentados por las defensas y confirmó las sentencias dictadas por la Justicia entrerriana en una investigación por delitos contra la administración pública. La resolución fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La condena contra Urribarri incluye ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa. El expediente investigó una serie de maniobras vinculadas con el manejo de fondos estatales durante sus gestiones como gobernador de Entre Ríos, entre 2007 y 2015. La Justicia provincial había determinado su responsabilidad en hechos encuadrados como negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
Uno de los principales ejes de la investigación estuvo relacionado con el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial. Según la causa, durante el período investigado se habría desarrollado un mecanismo para derivar recursos públicos hacia empresas vinculadas con el entorno del entonces gobernador. Entre las personas condenadas también se encuentran Pedro Ángel Báez y Juan Pablo Aguilera, quienes recibieron penas de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El expediente judicial también estableció que entre enero de 2010 y septiembre de 2015 se realizaron 143 operaciones que provocaron un perjuicio económico calculado en más de 12 millones de pesos de aquel momento para las arcas provinciales. La investigación además incorporó otras maniobras vinculadas con la difusión de actos de gobierno y la promoción de la precandidatura presidencial de Urribarri, conocida como el proyecto del “Sueño Entrerriano”.
La Justicia sostuvo que parte de las contrataciones estatales fueron orientadas hacia empresas de publicidad vinculadas con Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, aunque algunas de esas firmas figuraban formalmente a nombre de terceras personas. De acuerdo con la investigación, el esquema permitió canalizar fondos públicos mediante contratos que no habrían respetado los mecanismos previstos para garantizar la competencia entre oferentes del Estado. Los hechos fueron considerados por los tribunales como negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
La sentencia original fue dictada el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Posteriormente, la condena fue confirmada por el Tribunal de Casación de Entre Ríos y luego por el Superior Tribunal de Justicia provincial. Después de esos rechazos, las defensas llevaron sus planteos ante la Corte Suprema de la Nación, que finalmente declaró inadmisibles los recursos y cerró la instancia extraordinaria.
La resolución del máximo tribunal también alcanzó a otros condenados en el expediente. Además de Urribarri, Báez y Aguilera, fueron confirmadas penas de prisión en suspenso para otros involucrados, entre ellos Corina Cargnel, Gerardo Caruso, Luciana Almada y Emiliano Giacopuzzi. La Fiscalía entrerriana informó que, a partir de la decisión de la Corte, quedaron firmes las condenas dictadas en la sentencia original.
El caso también tiene un antecedente reciente relacionado con la situación procesal del exgobernador. Urribarri había permanecido detenido durante 50 días a partir de noviembre de 2024, luego de que la Justicia entrerriana ordenara su prisión preventiva por considerar que existía riesgo de fuga. Esa medida fue posteriormente revocada en enero de 2025 por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Con la confirmación definitiva de la condena, la Fiscalía solicitó ahora que se haga efectiva la detención.
La decisión de la Corte representa el cierre de una extensa disputa judicial que comenzó durante los años posteriores a las dos gestiones de Urribarri al frente de Entre Ríos. El exgobernador, que también ocupó una banca legislativa y fue designado embajador argentino en Israel en 2020, quedó ahora frente a una condena firme de ocho años de prisión. El fallo constituye además un nuevo capítulo de alto impacto político y judicial, debido a que la sentencia involucra a un exmandatario provincial por hechos vinculados con el manejo de recursos públicos.
Fuente: Filo News
