La administración de Javier Milei analiza ampliar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y completar las vacantes del máximo tribunal entre fines de 2026 y comienzos de 2027. El oficialismo busca acuerdos con sectores aliados y gobernadores, mientras todavía no aparece definido un candidato propio para ocupar los nuevos lugares.
El Gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de ampliar la Corte Suprema de Justicia y avanzar con el nombramiento de nuevos integrantes del máximo tribunal. Según informó La Política Online, la Casa Rosada evalúa que el proceso pueda concretarse hacia fines de este año o, eventualmente, durante los primeros meses de 2027. La discusión aparece en un momento en el que el oficialismo busca consolidar acuerdos parlamentarios con sectores aliados y gobernadores para avanzar con una agenda judicial que requiere mayorías especiales en el Senado.
La posibilidad de modificar la composición de la Corte no es nueva dentro del universo político argentino, pero adquiere una particular importancia bajo la administración de Javier Milei. Actualmente, el máximo tribunal cuenta con tres integrantes efectivos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La vacancia de cargos genera desde hace tiempo una discusión política sobre la necesidad de completar el tribunal y, eventualmente, modificar la cantidad de miembros que establece su composición.
El Gobierno también debe resolver el futuro de los pliegos judiciales que ya fueron impulsados y las negociaciones necesarias para conseguir respaldo legislativo. La designación de integrantes de la Corte requiere una mayoría de dos tercios de los miembros presentes del Senado, por lo que el oficialismo necesita construir acuerdos que excedan ampliamente a su propio espacio político. En ese escenario, los gobernadores y los bloques dialoguistas adquieren un papel central para determinar si la estrategia del Ejecutivo puede avanzar.
Uno de los aspectos que todavía permanece abierto es la definición de los nombres que podrían ocupar eventuales nuevos lugares. De acuerdo con la información publicada por La Política Online, los libertarios exploran acuerdos con aliados y mandatarios provinciales, pero Javier Milei todavía no tendría un candidato propio definido para completar la eventual ampliación. Esto significa que la discusión no pasa únicamente por determinar cuántos integrantes tendrá la Corte, sino también por establecer qué perfil tendrán los jueces que eventualmente sean incorporados.
La cuestión tiene además una dimensión institucional de fuerte impacto. La Corte Suprema es el máximo órgano del Poder Judicial y tiene la última palabra en numerosos conflictos constitucionales, económicos y políticos que llegan a la Justicia. Una modificación en su integración puede influir durante años sobre la interpretación de leyes, decretos y políticas públicas. Por eso, cualquier intento de ampliar el tribunal genera inevitablemente una disputa política alrededor de los criterios utilizados para seleccionar a sus integrantes.
El antecedente de ampliar la Corte también atravesó gobiernos anteriores. Durante la gestión de Alberto Fernández, distintos gobernadores peronistas y aliados habían impulsado una propuesta para elevar considerablemente el número de integrantes del máximo tribunal. Aquella iniciativa contemplaba inicialmente una Corte mucho más numerosa y buscaba incorporar criterios vinculados con la representación federal y la paridad de género. Sin embargo, el proyecto no logró convertirse en una modificación definitiva de la estructura del tribunal.
Ahora el escenario es diferente y el oficialismo enfrenta un Congreso en el que necesita negociar prácticamente cada iniciativa de importancia. La estrategia judicial se encuentra atravesada por las mismas dificultades políticas que afectan al resto de la agenda parlamentaria de Milei: el Gobierno cuenta con una representación propia limitada y necesita construir mayorías con sectores que, aunque pueden acompañar algunas de sus políticas, mantienen intereses y agendas propias. La ampliación de la Corte podría convertirse así en una de las negociaciones institucionales más relevantes del tramo final del año.
El eventual avance hacia una Corte ampliada abriría, por lo tanto, una nueva disputa política en torno al funcionamiento de la Justicia y al equilibrio entre los poderes del Estado. El Gobierno deberá conseguir los votos necesarios, definir los candidatos y establecer un mecanismo que permita sostener políticamente las designaciones. Mientras tanto, la discusión promete intensificarse durante los próximos meses: si la Casa Rosada logra construir los acuerdos necesarios, la modificación de la composición de la Corte podría convertirse en una de las principales reformas institucionales del cierre de 2026 o quedar postergada para el comienzo del próximo año.
Fuente: La Política Online. Nota original de La Política Online
