La irregularidad de los créditos a familias y empresas volvió a aumentar durante julio, mientras el Gobierno busca minimizar el impacto del fenómeno. La mora de los hogares llegó al 12,94% y ya alcanza a unos 5,9 millones de personas, en un escenario marcado por la caída del financiamiento real y el crecimiento de las refinanciaciones.
La morosidad volvió a incrementarse durante julio y encendió nuevas señales de alerta sobre la capacidad de pago de familias y empresas argentinas. Según estimaciones elaboradas a partir de la Central de Deudores del Banco Central, la irregularidad de los créditos a los hogares pasó del 12,77% en junio al 12,94% en julio. El aumento se produjo después de una leve mejora registrada durante el mes anterior y volvió a colocar al endeudamiento de las familias en el centro de la discusión económica.
El deterioro también alcanzó al conjunto del sistema financiero. La mora privada total pasó del 7,63% al 7,73% durante julio, mientras que entre las empresas el indicador aumentó del 3,50% al 3,61%. El dato resulta especialmente significativo porque el incremento se produjo en un contexto en el que el crédito total destinado a las familias volvió a reducirse en términos reales. Cuando el monto total financiado disminuye y el saldo irregular permanece relativamente estable, el porcentaje de morosidad puede aumentar incluso sin que exista un salto equivalente en el monto de las deudas impagas.
La cantidad de personas alcanzadas por el problema también permite dimensionar la situación. Un relevamiento de Analytica sobre la Central de Deudores del BCRA estimó que en julio había alrededor de 21 millones de personas con al menos un crédito y que unos 5,9 millones registraban atrasos superiores a 90 días. Esto significa que aproximadamente el 28,2% de quienes mantienen deudas con entidades financieras o no financieras presentaba algún nivel de mora. El dato convierte al endeudamiento de los hogares en una problemática que excede ampliamente al sistema bancario y alcanza también a otros proveedores de crédito.
La situación se vuelve todavía más compleja cuando se observa la evolución de las refinanciaciones. Las familias ya reestructuraron deudas por unos $2,6 billones, un nivel considerado récord en las últimas décadas. Ese monto representa alrededor del 3,7% del crédito total destinado a los hogares, mientras que entre las empresas las operaciones refinanciadas equivalen al 0,8% del financiamiento. La necesidad creciente de renegociar obligaciones muestra que una parte de los deudores está recurriendo a mecanismos de extensión o reestructuración de sus compromisos para poder continuar cumpliendo con sus pagos.
El fenómeno no comenzó en julio. De acuerdo con los datos recopilados, la irregularidad del crédito privado pasó de niveles muy bajos hacia fines de 2024 a valores considerablemente superiores durante 2026. En octubre de 2024, la mora privada se ubicaba en torno al 1,5%, mientras que la de las familias era del 2,5% y la de las empresas del 0,7%. Para julio de este año, esos indicadores habían trepado al 7,73%, 12,94% y 3,61%, respectivamente. La evolución refleja un deterioro acumulado de la capacidad de pago en un período en el que el crédito se expandió con fuerza y una parte importante de los hogares comenzó a utilizar el endeudamiento para afrontar sus gastos cotidianos.
El Banco Central, por su parte, viene registrando niveles elevados de irregularidad entre las familias. En su último informe oficial disponible, correspondiente a junio de 2026, el BCRA informó que el ratio de irregularidad del crédito al sector privado había descendido levemente al 7,6%, mientras que el indicador correspondiente a las familias se ubicaba en 12,8% y el de las empresas en 3,5%. La autoridad monetaria también señaló que el sistema financiero mantenía elevados niveles de cobertura frente al riesgo crediticio.
Uno de los elementos que explica la preocupación es que el crecimiento de la mora ocurre justamente cuando el Gobierno busca utilizar la expansión del crédito como una de las herramientas para impulsar el consumo y la actividad económica. El problema es que el aumento del endeudamiento puede encontrar un límite cuando una parte significativa de los hogares ya tiene dificultades para afrontar sus obligaciones. La situación genera así una tensión entre la necesidad de ampliar el financiamiento y la capacidad real de los consumidores para asumir nuevas cuotas. Las tasas de interés también constituyen un factor relevante: en agosto, los préstamos personales bancarios se otorgaron a una tasa efectiva promedio cercana al 89,2%, según datos del BCRA citados en los relevamientos.
Desde el Gobierno se buscó relativizar el alcance del fenómeno y sostener que la situación no representa, por el momento, una amenaza para la estabilidad del sistema financiero. Esa posición contrasta con las advertencias de consultoras y especialistas que señalan que, aunque la mora no constituya actualmente un riesgo sistémico, sí puede convertirse en un límite para la expansión del crédito y tener consecuencias sobre el consumo. El propio análisis citado por La Nación señala que la dificultad para afrontar obligaciones relativamente pequeñas puede ser una señal de restricciones en los ingresos de los hogares.
El aumento de la morosidad vuelve así a colocar bajo la lupa uno de los pilares de la estrategia económica oficial: la expansión del crédito como motor de la recuperación. Mientras el sistema financiero continúa ampliando su oferta y las autoridades buscan profundizar el acceso al financiamiento, millones de personas ya enfrentan dificultades para cumplir con deudas asumidas previamente. El dato de julio no implica por sí solo una crisis bancaria, pero sí muestra un deterioro que puede afectar el consumo y limitar la capacidad de las familias para continuar utilizando el crédito como mecanismo para compensar la pérdida de ingresos disponibles.
Fuente: La Política Online, con datos del Banco Central de la República Argentina y estimaciones de consultoras privadas.
