Un informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba reveló que durante julio una persona mayor necesitó $692.019 para afrontar sus gastos básicos, mientras que el haber mínimo nacional, incluido el bono de $70.000, llegó a $481.989. La brecha supera los $210.000 mensuales y vuelve a poner en discusión el poder adquisitivo de las jubilaciones.
La jubilación mínima volvió a quedar por debajo del costo necesario para sostener una vida digna en Córdoba. De acuerdo con un relevamiento realizado por el Área de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, durante julio una persona mayor necesitó $692.019 mensuales para afrontar los principales gastos de su vida cotidiana, mientras que el haber mínimo nacional, sumado el bono de $70.000, alcanzó los $481.989. De esta manera, el ingreso previsional permitió cubrir solamente el 69,65% de la Canasta de Gastos de Personas Mayores, dejando una diferencia mensual de $210.030 que debe ser cubierta por los propios jubilados mediante ahorros, ayuda familiar u otras fuentes de ingreso.
El dato adquiere particular relevancia porque la canasta utilizada por la Defensoría no representa solamente el gasto en alimentos, sino que contempla distintas necesidades específicas de las personas mayores. Entre ellas se encuentran medicamentos, alimentos, servicios generales del hogar, transporte, higiene personal, vestimenta y actividades recreativas. El relevamiento busca así reflejar con mayor precisión el costo real de vida de un adulto mayor y no limitarse a los indicadores tradicionales utilizados para medir la pobreza de la población general. La diferencia entre ese costo y el ingreso previsional muestra que, aun cuando una persona haya alcanzado la edad jubilatoria y cuente con un ingreso mensual, sus recursos pueden resultar insuficientes para cubrir necesidades básicas.
Uno de los componentes que más presión ejerce sobre el presupuesto de los jubilados es la salud. Según el relevamiento, los medicamentos representan cerca del 28% de la canasta mensual, con un gasto estimado en alrededor de $194.000. Se trata de un rubro especialmente sensible para las personas mayores, debido a que el consumo de medicamentos suele aumentar con la edad y representa un gasto difícil de postergar o sustituir. A esto se suman los alimentos y los servicios generales del hogar, que conforman otros de los principales componentes de la canasta. El resultado es que una parte significativa del ingreso previsional queda comprometida antes de poder destinar dinero a otras necesidades.
El problema no se limita a la diferencia entre una jubilación y una canasta. También existe una discusión política sobre la evolución del poder adquisitivo de los haberes previsionales y sobre la capacidad del sistema para garantizar ingresos suficientes durante la vejez. En Córdoba, el universo de beneficiarios del régimen nacional alcanza a cientos de miles de personas y una parte importante percibe el haber mínimo. Un relevamiento publicado anteriormente a partir de datos provinciales había estimado alrededor de 513.000 jubilados y pensionados nacionales en Córdoba, además de más de 140.000 beneficiarios de pensiones no contributivas, con aproximadamente 350.000 personas cobrando la jubilación mínima.
La situación adquiere además una dimensión política porque los jubilados vienen protagonizando reclamos sostenidos por la recomposición de sus ingresos, el acceso a medicamentos y la mejora de las prestaciones sociales. En distintas ciudades del país, las organizaciones de adultos mayores y sectores sindicales incorporaron la cuestión previsional a sus agendas de movilización. En Córdoba, las demandas de los jubilados también aparecen vinculadas con el reclamo general del movimiento obrero frente al deterioro de los ingresos y el costo de vida. El dato de la Defensoría vuelve a proporcionar una referencia concreta para una discusión que ya no se limita a porcentajes de aumento, sino que plantea cuánto dinero necesita realmente una persona mayor para vivir.
La brecha de $210.030 entre el ingreso disponible y la canasta también permite observar el peso que tienen los gastos que no pueden ser reducidos fácilmente. Un jubilado puede intentar disminuir el consumo de determinados alimentos, limitar actividades recreativas o reducir otros gastos, pero existen erogaciones como medicamentos, servicios públicos y transporte que tienen un margen de reducción mucho menor. Por eso, cuando los ingresos quedan por debajo de la canasta específica para adultos mayores, el ajuste termina trasladándose directamente sobre la calidad de vida. La Defensoría advierte que el cálculo contempla incluso que la persona mayor no tenga que afrontar un alquiler, por lo que la situación sería todavía más compleja para quienes no cuentan con vivienda propia.
El escenario también debe analizarse en relación con el sistema de actualización de los haberes y las políticas del Gobierno nacional. Durante la administración de Javier Milei, las jubilaciones fueron actualizadas mediante el mecanismo de movilidad vinculado a la inflación, mientras que el bono extraordinario de $70.000 se convirtió en un componente fundamental del ingreso de quienes cobran la mínima. Sin embargo, la persistencia de una brecha tan amplia entre el haber y la canasta específica de las personas mayores vuelve a abrir el debate sobre si las actualizaciones alcanzan para recuperar el poder adquisitivo y garantizar una cobertura adecuada de las necesidades básicas. La discusión se desarrolla además en un contexto de fuertes tensiones políticas entre el Gobierno nacional, organizaciones de jubilados y sectores sindicales.
El informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba deja así una fotografía concreta de la situación económica de los adultos mayores: para cubrir una canasta estimada en $692.019, una persona que percibe el haber mínimo cuenta con menos de $500.000 aun incorporando el bono extraordinario. La diferencia obliga a muchos jubilados a recurrir a redes familiares, reducir consumos o resignar gastos que forman parte de una vida cotidiana digna. El dato vuelve a colocar a las jubilaciones en el centro de la discusión política y económica, porque detrás de cada porcentaje de aumento existe una realidad concreta: cuánto cuesta vivir después de toda una vida de trabajo y cuánto dinero reciben quienes dependen de una jubilación para hacerlo.
Con ayuda de La Nueva Mañana
