La CGT y las centrales de la CTA reclamaron elevar el Salario Mínimo Vital y Móvil a $911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $400.000. Sin acuerdo entre las partes, el Ejecutivo nacional volverá a definir unilateralmente el nuevo piso salarial.
La reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó nuevamente sin acuerdo entre las organizaciones sindicales y el sector empresario. El encuentro realizado este viernes no logró establecer un nuevo valor para el salario mínimo y, ante la falta de consenso, será el Gobierno nacional el que deberá fijar el monto mediante una resolución. Se trata de una situación que vuelve a poner en el centro de la discusión la política salarial de la administración de Javier Milei y el rol que ocupa el Consejo del Salario como ámbito institucional de negociación entre trabajadores, empleadores y el Estado.
La distancia entre las posiciones de las partes fue uno de los principales factores que hizo fracasar la negociación. Las organizaciones sindicales reclamaron que el Salario Mínimo Vital y Móvil alcance los $911.000, mientras que la propuesta empresarial llegó a los $400.000. El valor ofrecido por los empleadores representa apenas $23.400 más que el monto actualmente vigente, una diferencia que fue considerada insuficiente por las centrales obreras, que vienen reclamando una recomposición significativa frente a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Actualmente, el Salario Mínimo Vital y Móvil se ubica en $376.600, de acuerdo con el cronograma de actualización establecido en noviembre de 2025. El nuevo valor deberá comenzar a regir a partir de septiembre, pero la falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos deja nuevamente la decisión en manos del Poder Ejecutivo. La situación se repite durante la gestión de Milei, ya que en anteriores convocatorias del Consejo del Salario tampoco fue posible alcanzar un consenso entre los representantes de trabajadores y empleadores y terminó siendo el Gobierno el que estableció los aumentos.
La discusión adquiere especial relevancia por la distancia existente entre el salario mínimo y el costo de vida. Según los datos citados por La Nueva Mañana a partir de las cifras del Indec, durante julio una familia de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para cubrir la Canasta Básica Total, mientras que requirió $708.016 para cubrir únicamente la Canasta Básica Alimentaria. De esta manera, el salario mínimo vigente de $376.600 no alcanza siquiera a cubrir la mitad del valor de la Canasta Básica Total para ese grupo familiar.
El Salario Mínimo Vital y Móvil tiene además un impacto que excede a los trabajadores que perciben directamente ese ingreso. El monto funciona como referencia para determinar diferentes prestaciones, programas sociales y subsidios, por lo que una actualización insuficiente también puede repercutir sobre otros sectores de la población. Por ese motivo, la discusión del Consejo del Salario no se limita exclusivamente a la situación de quienes tienen un empleo registrado con remuneraciones cercanas al piso establecido, sino que tiene efectos sobre distintas políticas laborales y sociales del Estado nacional.
Desde las organizaciones sindicales, el reclamo se sostiene sobre la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. La CGT y las dos CTA plantearon una cifra considerablemente superior a la propuesta empresarial y cuestionaron que el nuevo salario mínimo pueda quedar nuevamente por debajo de las necesidades básicas de los trabajadores. Según un informe publicado este viernes por Página/12, el salario mínimo perdió más del 40% de su poder adquisitivo respecto de finales de 2023 y se encuentra en niveles particularmente bajos en términos históricos.
La propuesta empresaria, en cambio, contemplaba una actualización escalonada que comenzaría con un incremento del 1,8% en septiembre y continuaría con subas del 1,7% entre octubre y abril. La oferta fue rechazada por las centrales obreras, que finalmente abandonaron la reunión ante la falta de avances. El esquema empresarial implicaría llevar el salario mínimo desde los actuales $376.600 a poco más de $382.000 en septiembre, una actualización que los gremios consideran insuficiente frente a la evolución de los precios y al costo de los bienes y servicios esenciales.
El fracaso de la negociación vuelve a profundizar la tensión entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales en torno a la política de ingresos. Para el Ejecutivo, la definición del salario mínimo forma parte de una política económica que busca contener los costos laborales y sostener el esquema macroeconómico, mientras que los gremios advierten que los ingresos de los trabajadores quedaron rezagados frente al costo de vida. Sin un acuerdo entre las partes, la decisión quedará nuevamente concentrada en la Casa Rosada, que deberá establecer el nuevo piso salarial para los próximos meses. El resultado del Consejo del Salario vuelve así a exponer una de las principales disputas económicas y políticas de la Argentina: cuánto deben ganar los trabajadores para sostener sus condiciones de vida y quién debe fijar ese valor.
Con ayuda de La Nueva Mañana
