La defensa del exministro de Planificación Federal sostuvo que la acción penal ya estaría prescripta y pidió al Tribunal Oral Federal N°5 que dicte su sobreseimiento. La Fiscalía había solicitado seis años de prisión para De Vido por presunta administración fraudulenta en el programa de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La causa Sueños Compartidos volvió a entrar en una etapa decisiva y, a más de una década del inicio de la investigación, la defensa de Julio De Vido puso sobre la mesa un planteo que podría cambiar el destino del juicio: pidió que se declare la prescripción de la acción penal y, como consecuencia, que el exfuncionario sea sobreseído.
Los abogados Gabriel Palmiero y Juan Ignacio Gómez Perdiguero expusieron sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal N°5 y rechazaron las acusaciones formuladas contra el exministro. La Fiscalía había solicitado para De Vido una pena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El argumento central de la defensa fue temporal. Según sus cálculos, el último acto que habría interrumpido el plazo de prescripción ocurrió el 8 de julio de 2020, cuando el tribunal realizó una citación a juicio. Por eso sostienen que los plazos legales ya se encuentran cumplidos.
Pero la defensa no se quedó solamente con ese planteo. En caso de que los jueces rechacen la prescripción, solicitó que se declare la nulidad de la acusación fiscal y, como última alternativa, reclamó directamente la absolución de De Vido.
Los abogados también cuestionaron el corazón de la acusación. Sostuvieron que durante el juicio no apareció ningún testigo que señalara a De Vido como partícipe de los hechos investigados y rechazaron que su relación política con las Madres de Plaza de Mayo pueda utilizarse como fundamento para atribuirle responsabilidad penal. Según la defensa, ese vínculo fue exclusivamente protocolar.
La causa investiga presuntas irregularidades vinculadas con el programa Sueños Compartidos, mediante el cual la Fundación Madres de Plaza de Mayo participó en la construcción de viviendas sociales con fondos estatales. La investigación sostiene que entre 2005 y 2011 se habría producido un desvío de más de $206 millones destinados originalmente a esas obras.
La Fiscalía sostiene una hipótesis completamente diferente. En julio, el fiscal general Diego Velasco calificó los hechos investigados como un supuesto esquema destinado a defraudar las arcas públicas y pidió penas de seis años para De Vido, José López, Abel y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. Para otros cuatro imputados solicitó cuatro años.
Ahora el tribunal entra en la recta final del proceso. Las distintas defensas ya comenzaron a presentar sus últimos argumentos y el veredicto podría conocerse durante septiembre, aunque antes deberán completarse las réplicas y las últimas palabras de los acusados.
Así, un expediente que lleva alrededor de 15 años vuelve a quedar atravesado por una discusión clave: si el paso del tiempo terminó cerrando la posibilidad de una condena o si el tribunal considera que todavía existen condiciones para llegar a una sentencia sobre el fondo de las acusaciones. La decisión estará ahora en manos de los jueces del TOF 5.
Fuente: Noticias Argentinas
