Una investigación de la red periodística Ruido reveló que el Gobierno de Córdoba contrató durante 2026 a Madero Media Group por al menos $64,7 millones. La empresa fue vinculada con Fernando Cerimedo, exconsultor cercano a Javier Milei y actualmente detenido en Bolivia. La mayor parte de los pagos habría sido canalizada a través de la Agencia Córdoba Turismo, mientras el Gobierno provincial no respondió sobre los servicios contratados.
El Gobierno de Córdoba destinó durante 2026 al menos $64.700.000 a Madero Media Group, una empresa vinculada al consultor político Fernando Cerimedo, según una investigación realizada por la red periodística Ruido y difundida por La Nueva Mañana. El dato adquiere especial relevancia por el contexto que atraviesa actualmente Cerimedo, quien fue asesor de Javier Milei, estuvo relacionado con el armado de La Derecha Diario y permanece detenido en Bolivia en el marco de una investigación judicial por el presunto intento de asesinato de su expareja, Nadia Beller. La información surge de comprobantes disponibles en el Portal de Transparencia de la Provincia y vuelve a poner bajo la lupa el destino de los recursos públicos destinados a publicidad oficial.
Según la investigación, los contratos con Madero Media Group fueron realizados desde distintas áreas de la administración provincial. Dos pagos, por $3.990.000 cada uno, fueron realizados desde el Ministerio de Comunicación, mientras que otro desembolso por el mismo monto correspondió a Gastos Generales de la Administración. A estos se sumaron al menos seis pagos efectuados mediante la Agencia Córdoba Turismo, con montos que oscilaron entre $2.500.000 y $10.000.000. El último de los pagos identificados en la investigación fue realizado el 3 de agosto de 2026. La documentación utilizada para reconstruir los desembolsos se encuentra disponible en el sistema oficial de transparencia provincial.
El vínculo empresarial con Cerimedo es uno de los aspectos que genera mayor interés político. Ruido señala que Madero Media Group es la compañía propietaria de distintas plataformas y medios de comunicación y que Cerimedo tuvo participación accionaria y funciones directivas dentro de la estructura. De acuerdo con documentación societaria citada por la investigación, en abril de 2024 se registró una cesión de acciones a Cerimedo, quien además asumió como gerente luego de la salida de su esposa, Natalia Basil. Posteriormente, en octubre de 2025, Cerimedo dejó ese cargo en favor de Javier García Negre, aunque la documentación mencionada no permitiría establecer con claridad qué ocurrió con las acciones que tenía el consultor.
La situación adquiere una dimensión adicional por la relación entre Madero Media Group y La Derecha Diario, uno de los medios identificados con el espacio político libertario. Cerimedo fue uno de los principales referentes detrás de ese entramado comunicacional y desarrolló tareas de asesoramiento político y estrategia digital para dirigentes de derecha en distintos países de América Latina. Tras conocerse su detención en Bolivia, La Derecha Diario difundió un comunicado anunciando la desvinculación de Cerimedo, aunque la investigación de Ruido advierte que esa comunicación no habría aclarado específicamente la situación societaria de Madero Media Group.
El interrogante central planteado por la investigación es qué servicios concretos justificaron los casi $65 millones abonados durante este año. Ruido consultó al Gobierno de Córdoba y a la Agencia Córdoba Turismo para conocer cuáles fueron las tareas realizadas por la empresa, pero, según la publicación, no obtuvo respuestas. Tampoco habría respondido Madero Media Group. La falta de explicaciones adquiere relevancia porque los pagos provienen de fondos públicos y se producen en un contexto en el que la administración de Martín Llaryora viene aplicando medidas de ajuste presupuestario frente a la caída de recursos provenientes de la Nación y las dificultades de recaudación provincial.
Otro punto señalado por la investigación es el contraste entre estos desembolsos y la situación de otros medios de comunicación de Córdoba. Mientras Madero Media Group recibió durante 2026 contratos que suman al menos $64,7 millones, medios autogestivos de la provincia vienen reclamando desde hace tiempo una actualización de las pautas publicitarias y denunciando restricciones presupuestarias. La discusión plantea así una pregunta sobre los criterios utilizados por la Provincia para distribuir publicidad oficial y sobre cuáles son los parámetros que determinan qué empresas reciben recursos públicos y qué contraprestaciones deben brindar a cambio. No se trata solamente de discutir el monto de un contrato, sino también de conocer con precisión qué se contrató, por qué se eligió a esa empresa y cuáles fueron los resultados obtenidos.
La investigación también plantea interrogantes sobre la eventual utilización de los espacios contratados para difundir contenidos vinculados con la gestión provincial. En La Derecha Diario aparecen publicaciones relacionadas con Córdoba que, según Ruido, reproducen contenidos difundidos originalmente por canales oficiales del Gobierno provincial, incluso en algunos casos de manera textual. Esto no permite por sí mismo establecer que exista una contraprestación irregular ni que esos contenidos formen parte de los contratos denunciados, pero sí abre un interrogante que la administración provincial debería aclarar públicamente. La pregunta planteada por los investigadores es si los pagos corresponden exclusivamente a publicidad oficial o si existe algún otro tipo de servicio de comunicación contratado con Madero Media.
El antecedente también adquiere relevancia porque Ruido ya había investigado durante 2025 la utilización de perfiles falsos y estrategias digitales vinculadas con la construcción de imagen política en redes sociales. La organización recuerda que Cerimedo reconoció públicamente haber trabajado con herramientas como “granjas de trolls” y campañas negativas, aunque esas declaraciones y antecedentes no implican por sí mismos que las tareas realizadas para el Gobierno de Córdoba hayan tenido esas características. Precisamente por eso, la falta de información oficial sobre los servicios contratados alimenta las dudas y vuelve necesario conocer los expedientes, órdenes de compra, facturas, contratos y prestaciones efectivamente realizadas. La transparencia sobre el uso de fondos públicos resulta particularmente importante cuando los destinatarios están vinculados con actores políticos de alta exposición.
El caso deja planteado un escenario incómodo para la administración de Martín Llaryora. Mientras la Provincia sostiene un discurso de austeridad y reclama mayores recursos al Gobierno nacional, una investigación periodística detectó que durante 2026 una empresa vinculada con uno de los operadores digitales más cercanos al universo libertario recibió al menos $64,7 millones en contrataciones oficiales. Hasta el momento, la información disponible permite acreditar los pagos y reconstruir las dependencias que participaron de las contrataciones, pero no permite determinar por sí sola si existió alguna irregularidad. Esa definición dependerá de conocer los contratos y las prestaciones efectivamente realizadas. Lo que sí aparece como una cuestión política concreta es la necesidad de que el Gobierno de Córdoba explique públicamente por qué contrató a Madero Media Group, qué servicios recibió a cambio de esos recursos y cuáles fueron los criterios utilizados para autorizar una pauta de semejante magnitud.
Fuente: La Nueva Mañana
