El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido de la defensa del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y extendió por 15 días hábiles el plazo para que presente explicaciones y documentación sobre la evolución de sus bienes. La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito y la Fiscalía detectó 20 puntos que requieren respuestas, entre ellos diferencias entre ingresos y gastos, movimientos en dólares y operaciones patrimoniales.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni obtuvo una nueva prórroga en la causa judicial que investiga el origen y la evolución de su patrimonio. El juez federal Ariel Lijo aceptó el pedido formulado por la defensa del exfuncionario y le concedió otros 15 días hábiles para responder el requerimiento elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita. La decisión se produce luego de que venciera el plazo original establecido por la Fiscalía y permite que Adorni reúna la documentación que, según sus abogados, resulta necesaria para contestar las observaciones realizadas en el expediente.
La investigación se inició a partir de inconsistencias detectadas en el análisis de la situación patrimonial del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti. El período bajo análisis comprende desde el ingreso de Adorni a la administración pública, en diciembre de 2023, hasta su salida del cargo en junio de 2026. En ese marco, el fiscal Pollicita elaboró un extenso requerimiento en el que formuló alrededor de 20 observaciones vinculadas con ingresos, gastos, bienes y movimientos financieros que, a criterio de la investigación, necesitan ser explicados de manera documentada.
Uno de los elementos que mayor atención generó dentro del expediente es la diferencia que la Fiscalía habría encontrado entre los ingresos familiares declarados y los gastos realizados durante el período investigado. Según la información difundida por Primereando, los investigadores detectaron gastos por aproximadamente 43 millones de pesos que superarían los ingresos familiares declarados. A esto se suma la existencia de unos 400.000 dólares cuyo origen, según la publicación, todavía no habría sido suficientemente acreditado. Estos datos forman parte de las cuestiones que ahora la defensa deberá intentar aclarar ante la Justicia.
El requerimiento fiscal también incluye preguntas sobre operaciones realizadas en moneda extranjera, movimientos financieros y distintas adquisiciones patrimoniales. Entre los aspectos mencionados en informes sobre la causa aparecen la compra de un automóvil, gastos relacionados con una propiedad ubicada en el country Indio Cuá y préstamos recibidos por familiares de Adorni. La Fiscalía busca determinar si existe una explicación documental que permita establecer de dónde provinieron los fondos utilizados para afrontar esas operaciones y cómo se relacionan con los ingresos declarados por el matrimonio.
La defensa del exfuncionario justificó el pedido de prórroga señalando que necesitaba acceder a documentación y archivos mencionados en el expediente antes de elaborar una respuesta definitiva. Entre esos elementos aparecen archivos y conversaciones incorporados a la investigación que, según los abogados de Adorni, deben ser revisados para poder responder adecuadamente a las observaciones formuladas por el fiscal. Lijo hizo lugar al planteo y permitió que la defensa disponga de un nuevo período para analizar el material y presentar su descargo.
La importancia de esta instancia radica en que el pedido de justificación patrimonial constituye un momento relevante dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía busca que el propio investigado pueda explicar las diferencias encontradas antes de avanzar hacia otras medidas procesales. En caso de que las respuestas presentadas no resulten suficientes para despejar las dudas planteadas, el fiscal podría evaluar los pasos siguientes de la investigación, incluida la posibilidad de solicitar una declaración indagatoria. Esto no significa que exista una condena ni que el delito haya sido probado: por el momento se trata de una investigación en curso y de observaciones que deben ser respondidas por la defensa.
El caso adquiere además una dimensión política por el lugar que ocupó Adorni dentro del Gobierno de Javier Milei. El dirigente fue una de las principales figuras comunicacionales del oficialismo y posteriormente llegó a desempeñarse como jefe de Gabinete antes de dejar el cargo en junio de 2026. Por eso, las dudas planteadas en torno a su patrimonio tienen una repercusión que excede el expediente judicial y vuelven a poner bajo discusión la situación patrimonial de funcionarios y exfuncionarios de la administración libertaria. La causa también pone el foco sobre los mecanismos de control que existen para determinar si la evolución de los bienes de quienes ejercen cargos públicos guarda relación con sus ingresos legítimos.
Con la prórroga concedida por Lijo, Manuel Adorni tendrá ahora 15 días hábiles adicionales para presentar las explicaciones y documentación solicitadas por la Fiscalía. El resultado de esa presentación será determinante para conocer cómo continúa la investigación: si las respuestas logran despejar las inconsistencias señaladas o si, por el contrario, la Fiscalía considera que persisten elementos suficientes para avanzar con nuevas medidas. Mientras tanto, el expediente continúa bajo investigación y las observaciones sobre los movimientos patrimoniales del exfuncionario permanecen abiertas, a la espera de la documentación que deberá aportar su defensa.
Fuente: Primereando las noticias
