La administración de Javier Milei realiza gestiones ante el Gobierno de Donald Trump para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigue penalmente el ingreso, la administración y la salida de la familia Eskenazi y el Grupo Petersen de YPF. La estrategia oficial apunta a encontrar eventuales irregularidades en la operación y fortalecer la posición argentina en los millonarios litigios que se desarrollan en los tribunales de Nueva York.
El Gobierno de Javier Milei abrió un nuevo frente judicial alrededor de YPF y busca que la Justicia estadounidense investigue la operación mediante la cual la familia Eskenazi y el Grupo Petersen ingresaron a la petrolera durante el kirchnerismo. Funcionarios de primera línea de la administración nacional mantuvieron reuniones reservadas con representantes del Gobierno de Donald Trump con el objetivo de impulsar una investigación ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Casa Rosada pretende determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en aquella operación y utilizar eventualmente esos elementos dentro de la disputa judicial que enfrenta al Estado argentino en Nueva York.
La estrategia oficial está directamente vinculada con el histórico litigio por la estatización de YPF. El Gobierno argentino considera que una investigación penal que pudiera demostrar que el ingreso de los Eskenazi a la compañía estuvo atravesado por maniobras fraudulentas podría contribuir a cuestionar las demandas civiles que actualmente se tramitan en los tribunales estadounidenses. El objetivo, en definitiva, es sumar argumentos jurídicos que permitan mejorar la posición de Argentina frente a los reclamos millonarios relacionados con la petrolera.
La operación bajo la lupa se produjo durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando la española Repsol todavía era el principal accionista de YPF. El Grupo Petersen, vinculado con la familia Eskenazi, adquirió aproximadamente el 25% de las acciones de la petrolera. Ahora, el Ejecutivo busca que las autoridades estadounidenses revisen cómo se produjo aquella incorporación, cómo fue administrada la participación accionaria y cuáles fueron las circunstancias que llevaron posteriormente a la salida del grupo de la compañía.
La ofensiva judicial se produce después de un cambio importante en la causa que se tramita en Estados Unidos. La Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó sin efecto la sentencia de primera instancia que había obligado a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. El fallo de segunda instancia representó un fuerte alivio para el Estado argentino, aunque el conflicto todavía no terminó porque los fondos demandantes mantienen abierta la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema estadounidense.
En paralelo, el Gobierno intenta construir una línea argumental que permita discutir el origen de la operación que dio lugar a la participación de los Eskenazi en YPF. Desde la perspectiva oficial, si una eventual investigación estadounidense encontrara pruebas de fraude o corrupción, esos elementos podrían ser utilizados para intentar debilitar las demandas civiles presentadas contra la Argentina. Por ahora, sin embargo, se trata de una estrategia impulsada por el Ejecutivo y no de una conclusión judicial sobre la existencia de delitos.
La iniciativa tampoco aparece completamente desligada de antecedentes recientes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había respaldado mediante un memorándum un pedido presentado por organizaciones civiles argentinas para que se investigaran presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de las acciones de YPF. Ese antecedente es utilizado por el Gobierno como parte del argumento para intentar abrir una investigación penal en territorio estadounidense.
El conflicto por YPF representa uno de los principales frentes judiciales internacionales que enfrenta el Estado argentino. Aunque la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York modificó sustancialmente el escenario y dejó sin efecto la condena multimillonaria de primera instancia, todavía quedan instancias judiciales pendientes. De hecho, la Corte Suprema de Estados Unidos extendió hasta el 30 de septiembre de 2026 el plazo para que los fondos Petersen y Eton Park presenten un eventual recurso contra el fallo favorable a la Argentina.
En este contexto, el Gobierno de Milei busca jugar una nueva carta: trasladar parte de la discusión hacia una eventual investigación penal sobre el origen y desarrollo de la participación de los Eskenazi en YPF. La Casa Rosada pretende que Estados Unidos analice si hubo irregularidades que puedan modificar el escenario jurídico del caso. Mientras tanto, la disputa por la petrolera continúa abierta y vuelve a colocar en el centro de la escena la operación que permitió el ingreso del Grupo Petersen a YPF y sus consecuencias sobre uno de los litigios más costosos que enfrenta el Estado argentino.
Con ayuda de Filo News
