El Gobierno de Javier Milei formalizó la concesión de ocho tramos de rutas nacionales por un período de 20 años, en el marco de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones. La medida alcanza a más de 3.900 kilómetros y se conoce mientras crecen los cuestionamientos por el deterioro de las rutas, la falta de mantenimiento y los problemas de seguridad vial.
El Gobierno nacional formalizó este lunes la adjudicación de ocho tramos de rutas nacionales a empresas privadas, mediante la Resolución 1379/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y forma parte del proceso de privatización de Corredores Viales impulsado por la administración de Javier Milei. Los contratos tendrán una duración de 20 años y contemplan la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas concesionadas.
La decisión se produce en un contexto marcado por los reclamos de usuarios, transportistas y distintos sectores productivos por el deterioro de numerosas rutas nacionales. La falta de mantenimiento, la presencia de pozos y el estado de las calzadas vienen generando cuestionamientos por el impacto que tienen sobre la seguridad vial y sobre los costos del transporte. En ese escenario, el Ejecutivo sostiene que la participación privada permitirá recuperar la infraestructura y mejorar las condiciones de transitabilidad.
Los ocho corredores adjudicados en esta tercera etapa comprenden más de 3.900 kilómetros y atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Con esta nueva concesión, el Gobierno busca superar los 9.000 kilómetros de rutas nacionales incorporados al esquema de concesiones de la denominada Red Federal de Concesiones.
Entre los corredores incluidos se encuentra el Tramo Centro, que abarca las rutas nacionales 9, 19 y 34, y que fue adjudicado al consorcio integrado por Afema S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa ofertada de $1.399. El Centro Norte, que comprende la ruta 34, quedó en manos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una tarifa de $2.175. La medida involucra así corredores estratégicos para el transporte de personas y cargas entre distintas regiones del país.
También fueron adjudicados el Tramo Mesopotámico, el Noroeste, el Litoral, el Noreste, el Chaco-Santa Fe y el Cuyo. Entre las empresas y consorcios seleccionados aparecen IEB Construcciones-Trading MRG, Autovía Construcciones y Servicios-Vapeu-Guigivan, JCR-Néstor Julio Guerechet, Carlos e Enriquez-Hormi, José Eleuterio Pitón-Rovial-Obring y Laugero Construcciones-Green-Corporación del Sur. Cada uno tendrá a su cargo la gestión del corredor correspondiente bajo el régimen de concesión por peaje.
El esquema se encuentra contemplado dentro del proceso iniciado a partir de la Ley Bases, que declaró a Corredores Viales como una empresa sujeta a privatización. Posteriormente, el Decreto 97/2025 habilitó el procedimiento para avanzar con la privatización total mediante la modalidad de concesión de obra pública. El objetivo oficial es trasladar al sector privado la responsabilidad sobre una parte significativa de la infraestructura vial nacional y reducir la participación directa del Estado en su administración.
Desde el Gobierno aseguran que las concesionarias deberán alcanzar determinadas condiciones de transitabilidad antes de aplicar las tarifas ofertadas y que Vialidad Nacional realizará controles sobre los niveles de servicio. La Red Federal de Concesiones contempla además la incorporación progresiva de sistemas como TelePASE y el denominado free flow, junto con mecanismos de actualización de las tarifas vinculados a índices oficiales. El Ejecutivo presenta el modelo como una alternativa para recuperar rutas mediante inversión privada.
La privatización, sin embargo, llega en un momento particularmente sensible para la infraestructura vial argentina. Los reclamos por rutas deterioradas se multiplicaron durante los últimos meses y distintas localidades denunciaron problemas vinculados con la ausencia de obras y mantenimiento. La discusión de fondo pasa ahora por determinar si el nuevo esquema será capaz de revertir ese deterioro y garantizar condiciones adecuadas de seguridad, o si la concesión por peaje trasladará una mayor carga económica a quienes utilizan diariamente las rutas nacionales.
Con esta tercera etapa, el Gobierno avanza en uno de los procesos de transformación más importantes de la infraestructura vial nacional desde el inicio de la gestión de Milei. Más de 9.000 kilómetros quedarán comprendidos en distintos esquemas de concesión, mientras el Estado busca limitar su participación directa en la administración y mantenimiento de las rutas. El desafío estará en comprobar si las empresas privadas cumplen con las inversiones y niveles de servicio comprometidos, especialmente en aquellos corredores que actualmente presentan mayores problemas de infraestructura y seguridad vial.
Con ayuda de La Nueva Mañana
