Los gremios estatales SEP, UEPC, SELC, ACEC, SIRELYF y UPS reclamaron al Gobierno de Córdoba que destine a los trabajadores activos y jubilados parte de los fondos enviados recientemente por la Nación. Las organizaciones cuestionaron los efectos de la Ley 11087 sobre los haberes y exigieron medidas para frenar los descuentos que, según denunciaron, profundizan el endeudamiento de miles de familias.
Un grupo de gremios que representan a trabajadores estatales, docentes, legislativos, empleados de casinos y otros sectores de la administración pública provincial difundió un documento conjunto en el que reclamó al Gobierno de Córdoba la implementación inmediata de medidas destinadas a aliviar la situación económica de trabajadores activos y jubilados. El pronunciamiento fue firmado por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba (SELC), la Asociación Cordobesa de Empleados de Casinos (ACEC), SIRELYF y UPS.
El reclamo surge luego de conocerse que la Provincia recibió un importante envío de fondos por parte del Gobierno nacional. Frente a esta situación, las organizaciones sindicales exigieron que parte de esos recursos sea destinada a revertir o atenuar los efectos que, según sostienen, produjo el ajuste aplicado sobre los haberes de trabajadores y jubilados provinciales a través de la Ley 11087. Los gremios consideran que esos fondos deberían permitir avanzar en medidas concretas para aliviar la situación de los sectores afectados.
Uno de los principales pedidos apunta a elevar el piso del diferimiento que actualmente alcanza a los haberes superiores a los 1.650.000 pesos. Según expresaron las organizaciones, el mecanismo afecta los ingresos de numerosos trabajadores y jubilados, por lo que reclamaron una actualización del monto a partir del cual se aplica. Para los gremios, la modificación permitiría reducir el impacto de los descuentos y recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
El segundo reclamo está relacionado con el artículo 58 y la situación de quienes perciben más de un beneficio previsional. Los sindicatos exigieron elevar el piso establecido por esa norma, al considerar que en numerosos casos su aplicación termina afectando de manera significativa los ingresos de jubilados y pensionados. Según denunciaron, el actual sistema puede provocar que una parte importante de uno de los beneficios sea absorbida o reducida, generando una pérdida que impacta directamente sobre la economía de los hogares.
En el documento, las organizaciones sindicales vincularon estos reclamos con el crecimiento del endeudamiento de las familias argentinas. De acuerdo con los datos citados en el pronunciamiento, el 92,3% de los hogares registra algún tipo de deuda, mientras que el 44% destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de obligaciones financieras. Los gremios señalaron además que este porcentaje duplica el 18% registrado en 2024, lo que, según advirtieron, demuestra que el endeudamiento familiar se ha transformado en un problema estructural.
La preocupación sindical también está centrada en lo que definen como una agresiva política de recupero de deudas que afecta a miles de trabajadores públicos. En ese sentido, reclamaron al Gobierno provincial que adopte medidas inmediatas para frenar los descuentos financieros y evitar que los mecanismos de cobro profundicen la situación económica de los empleados estatales. La solicitud apunta a proteger el ingreso disponible de las familias frente a una creciente carga de compromisos financieros.
Los gremios también insistieron en la necesidad de mantener una audiencia con el gobernador de Córdoba. El objetivo es discutir directamente la situación de los trabajadores y jubilados provinciales y exigir la suspensión inmediata de los descuentos que consideran abusivos. Las organizaciones buscan que el Poder Ejecutivo provincial intervenga en el conflicto y dé una respuesta concreta a los reclamos planteados en el documento conjunto.
Además, el pronunciamiento incorpora un pedido al Gobierno de Córdoba para que impulse ante el Congreso de la Nación un proyecto destinado a resguardar el sustento básico de los trabajadores. La propuesta forma parte de una estrategia que combina reclamos al Ejecutivo provincial con la búsqueda de modificaciones en el ámbito nacional, en un contexto donde el endeudamiento y los descuentos sobre los salarios aparecen como una de las principales preocupaciones de los gremios estatales.
De esta manera, el SEP, la UEPC, el SELC, ACEC, SIRELYF y UPS unificaron su posición para reclamar que los fondos recibidos por Córdoba desde la Nación tengan un impacto directo en la situación de trabajadores activos y jubilados. Con pedidos concretos para modificar el diferimiento de haberes, revisar la aplicación del artículo 58, frenar los descuentos por deudas y abrir una instancia de diálogo con el gobernador, los sindicatos buscan instalar una discusión sobre el destino de esos recursos y la necesidad de proteger los ingresos frente al creciente endeudamiento de las familias.
Con ayuda del Sindicato de Empleados publicos de la Provincia de Córdoba
