El Gobierno avanzaría con una nueva normativa sobre patentes, pero sin uno de los puntos que había generado una fuerte resistencia dentro de la industria farmacéutica. La disputa enfrentó las posiciones impulsadas desde el área de desregulación con los cuestionamientos de los laboratorios nacionales, en un debate que vuelve a poner en discusión el precio de los medicamentos, la producción local y el alcance de la propiedad intelectual.
La Cámara de Diputados se prepara para avanzar con la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT, pero el proyecto llegaría con una modificación central: quedaría afuera el capítulo que había despertado la resistencia de los laboratorios nacionales. Según la información publicada este viernes por La Política Online, el acuerdo representa un triunfo para el empresario Hugo Sigman y para el sector farmacéutico local frente a la posición que venía impulsando Federico Sturzenegger.
La disputa por el régimen de patentes se desarrolla desde hace meses y forma parte de una discusión más amplia sobre la propiedad intelectual, el ingreso de productos extranjeros y la protección de la industria nacional. El Gobierno había impulsado cambios para flexibilizar el sistema de patentamiento y acercarlo a los estándares internacionales, una orientación que también había sido presentada como parte de los compromisos asumidos en la relación comercial con Estados Unidos.
El punto de mayor conflicto estaba vinculado al Capítulo II del proyecto de adhesión al PCT. Ese apartado había generado cuestionamientos por parte de la industria farmacéutica argentina y, según versiones recogidas por distintos medios, terminó siendo reservado o retirado de la discusión para destrabar el avance legislativo. Infobae había informado días atrás que la resistencia de los laboratorios locales a ese capítulo era uno de los principales obstáculos para que la iniciativa llegara al recinto.
La decisión marca un cambio significativo dentro de una pelea que hasta hace pocas semanas parecía inclinarse a favor del sector encabezado por Sturzenegger. En marzo, el Gobierno había avanzado mediante una resolución conjunta en la derogación de las restricciones que regían desde 2012 para el patentamiento de invenciones químico-farmacéuticas. La norma dejó en manos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial la evaluación de cada solicitud de patente de acuerdo con la legislación vigente.
Sin embargo, aquella modificación administrativa no cerró la discusión. Los laboratorios nacionales continuaron cuestionando los posibles efectos de una mayor apertura del régimen de propiedad intelectual sobre la producción local de medicamentos y sobre la competencia con las grandes compañías internacionales. La discusión no se limita a un aspecto técnico: detrás del sistema de patentes se encuentran intereses vinculados a la fabricación de medicamentos, la posibilidad de producir versiones alternativas de productos patentados y el impacto que estos cambios podrían tener sobre los precios y la estructura de la industria farmacéutica.
En este escenario aparece la figura de Hugo Sigman, uno de los empresarios más importantes del sector farmacéutico argentino. De acuerdo con la información publicada por La Política Online, las negociaciones terminaron favoreciendo la posición defendida por Sigman y su socio Daniel Sielecki, al lograrse que la adhesión argentina al tratado internacional avance sin incorporar el capítulo que concentraba las objeciones de los laboratorios locales. La decisión supone, en los hechos, una modificación política importante respecto del proyecto que inicialmente se buscaba impulsar.
La controversia también expone diferencias dentro del propio oficialismo sobre la velocidad y la profundidad de las reformas. Sturzenegger se convirtió en uno de los principales defensores de la desregulación y de la flexibilización de las normas de propiedad intelectual, mientras otros sectores del Gobierno debieron intervenir en las negociaciones políticas necesarias para conseguir respaldo parlamentario. La dificultad para sostener proyectos con capítulos controvertidos ya había generado otros recortes y modificaciones en iniciativas legislativas impulsadas desde el área de desregulación.
Con la exclusión del capítulo cuestionado, el Gobierno buscaría ahora avanzar con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes sin profundizar el conflicto con la industria farmacéutica nacional. El resultado representa una victoria para los sectores que reclamaban preservar determinadas condiciones para los laboratorios locales y, al mismo tiempo, una señal de los límites políticos que pueden encontrar las reformas impulsadas por Sturzenegger. La discusión sobre las patentes seguirá siendo estratégica: involucra la relación con Estados Unidos, los compromisos internacionales de la Argentina y una industria que mueve miles de millones de dólares y tiene incidencia directa sobre uno de los temas más sensibles para la población, como es el acceso a los medicamentos.
Fuente: La política online
