El Banco Central reglamentó un nuevo esquema que amplía el acceso al crédito en dólares para empresas que no generan ingresos en moneda extranjera. La medida permite a los bancos destinar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a este tipo de préstamos, aunque incorpora una serie de controles y obligaciones para limitar el riesgo cambiario y preservar la solvencia del sistema financiero.
El Banco Central de la República Argentina avanzó con la reglamentación que permite ampliar el universo de empresas que podrán acceder a financiamiento en dólares. A través de la Comunicación “A” 8467, la autoridad monetaria habilitó a las entidades financieras a destinar una parte de sus depósitos en moneda extranjera a préstamos para personas jurídicas que no necesariamente generen divisas a través de actividades vinculadas al comercio exterior. Hasta ahora, el crédito en dólares estaba orientado principalmente a empresas exportadoras o a compañías con ingresos genuinos en moneda extranjera, debido al riesgo que implica para una firma endeudarse en una moneda diferente a aquella en la que genera la mayor parte de sus ingresos.
La principal modificación establece que los bancos podrán destinar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera a financiar a empresas que no estén comprendidas dentro de los destinos tradicionales del crédito en dólares. De esta manera, compañías cuyos ingresos provienen principalmente de operaciones realizadas en pesos podrán, bajo determinadas condiciones, acceder a préstamos denominados en moneda extranjera. El límite fijado busca establecer un tope a la exposición de cada entidad financiera y evitar que una parte excesiva de los depósitos en dólares quede comprometida en créditos considerados de mayor riesgo por la posibilidad de variaciones bruscas en el tipo de cambio.
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que los bancos deberán realizar un análisis específico de la capacidad de pago de las empresas solicitantes. La regulación obliga a las entidades a evaluar tanto el flujo de fondos como la situación patrimonial de los potenciales deudores, teniendo especialmente en cuenta el riesgo de que sus ingresos no evolucionen al mismo ritmo que el dólar. El objetivo es determinar si una empresa que factura principalmente en pesos podría afrontar un aumento de sus obligaciones en caso de una depreciación de la moneda nacional, una situación que podría incrementar de manera significativa el peso de la deuda tomada en dólares.
La llamada “letra chica” de la medida también alcanza al tratamiento prudencial que deberán aplicar las entidades financieras. Para este tipo de operaciones, la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito y la exposición vinculada con grandes deudores deberán calcularse con un factor de 1,25 sobre los importes que correspondan de acuerdo con las normas vigentes, salvo las excepciones contempladas por la propia regulación. Con este mecanismo, el Banco Central busca que los bancos incorporen un mayor resguardo frente al riesgo que implica prestar dólares a empresas que no cuentan con una generación habitual de ingresos en esa moneda.
Otro aspecto clave es el destino de los dólares obtenidos mediante estos créditos. Según la normativa reglamentada por el Banco Central, los fondos deberán ser liquidados en el mercado cambiario oficial, por lo que las empresas que accedan al financiamiento deberán convertir esos dólares a pesos bajo las condiciones establecidas. El mecanismo apunta a evitar que los préstamos generen una nueva demanda de divisas en el mercado y, al mismo tiempo, busca incrementar la oferta de dólares dentro del sistema cambiario. Así, las compañías recibirán el financiamiento para utilizarlo en sus operaciones, pero asumirán posteriormente una obligación denominada en moneda extranjera.
La decisión reglamentada por el BCRA se inscribe en una flexibilización que había sido anticipada por el Gobierno nacional mediante el DNU 736/2026, que modificó el marco legal para ampliar las posibilidades de utilización de los depósitos en moneda extranjera. El decreto habilitó que esos fondos pudieran destinarse no solamente a prestatarios vinculados habitualmente con operaciones de comercio exterior, sino también a otras personas jurídicas, siempre de acuerdo con las condiciones que estableciera posteriormente el Banco Central. La Comunicación “A” 8467 terminó de definir ahora los límites y requisitos bajo los cuales las entidades podrán avanzar con este tipo de préstamos.
Desde la perspectiva oficial, la ampliación del crédito en dólares busca movilizar parte de los recursos que permanecen depositados en el sistema financiero y orientarlos hacia el financiamiento privado y la actividad productiva. La posibilidad de acceder a préstamos en moneda extranjera podría representar, para algunas empresas, una alternativa de financiamiento con condiciones diferentes a las del crédito en pesos. Sin embargo, la medida también vuelve a colocar en discusión el riesgo cambiario para aquellas compañías cuyos ingresos no están dolarizados y que, ante una eventual suba del tipo de cambio, podrían enfrentar un aumento considerable de sus compromisos financieros.
La nueva normativa, en definitiva, amplía el acceso al crédito en dólares pero establece límites y mayores exigencias para evitar una expansión sin controles. El tope del 15% sobre los depósitos en moneda extranjera de cada banco, la obligación de analizar la capacidad de pago de las empresas, el mayor requerimiento prudencial y la necesidad de liquidar los fondos en el mercado oficial son algunos de los principales puntos de una medida que abre una nueva etapa para el financiamiento empresarial. El impacto concreto dependerá ahora de la disposición de los bancos a otorgar estos préstamos y de la evaluación que realicen las empresas sobre los beneficios y riesgos de asumir deudas en dólares sin generar divisas de manera habitual.
Fuente: Ámbito Financiero
