La decisión del Gobierno nacional de adherir al Consenso de Ginebra, una declaración internacional que cuestiona la existencia de un derecho internacional a la interrupción voluntaria del embarazo, generó un amplio rechazo de organizaciones feministas, colectivos de derechos humanos y espacios vinculados a la diversidad. Desde distintos sectores advirtieron que la medida representa un nuevo avance de la agenda conservadora impulsada por Javier Milei, aunque remarcaron que la adhesión no modifica la vigencia de la Ley 27.610 que garantiza el acceso al aborto legal en Argentina.
El Gobierno de Javier Milei formalizó la adhesión de Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra, un instrumento internacional de carácter político y no vinculante que sostiene, entre otros puntos, que no existe un derecho internacional al aborto y reivindica la soberanía de los Estados para definir sus propias políticas en materia de salud. La decisión fue comunicada por la Cancillería y se produjo en el marco de una política exterior que viene mostrando un fuerte acercamiento del Gobierno argentino a sectores conservadores internacionales y a una agenda centrada en la defensa de la denominada “familia” y la oposición a la ampliación de derechos sexuales y reproductivos.
La incorporación de Argentina al Consenso de Ginebra generó una inmediata reacción de organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue una de las entidades que expresó su rechazo y advirtió que la decisión constituye una señal política preocupante en materia de derechos. Desde ese espacio remarcaron, sin embargo, que la adhesión al documento internacional no modifica por sí misma el marco legal vigente en el país ni deja sin efecto la Ley 27.610.
El Consenso de Ginebra fue impulsado originalmente en 2020 y reúne a gobiernos y sectores que sostienen posiciones contrarias al reconocimiento del aborto como un derecho internacional. El documento no tiene carácter obligatorio para los países adherentes, por lo que su firma no implica automáticamente una modificación de las leyes nacionales. Sin embargo, para las organizaciones que cuestionaron la decisión del Gobierno argentino, su importancia radica en el posicionamiento político y diplomático que representa y en el alineamiento del país con una agenda internacional conservadora.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otros colectivos también manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias políticas de la adhesión. Entre los cuestionamientos aparece la posibilidad de que el Gobierno utilice este nuevo posicionamiento internacional como parte de una estrategia más amplia para debilitar las políticas públicas vinculadas con la educación sexual, la salud reproductiva y el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo. Las organizaciones insistieron en que el aborto legal continúa siendo un derecho reconocido por la legislación argentina y reclamaron que el Estado garantice su cumplimiento en todo el territorio nacional.
El rechazo también se extendió a organizaciones de la diversidad y espacios que trabajan en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. El Frente Orgullo y Lucha, junto con organizaciones LGBTIQA+ y redes de derechos humanos, expresó su repudio a la incorporación argentina al Consenso de Ginebra y sostuvo que la decisión debe analizarse dentro de un proceso más amplio de cuestionamiento a políticas conquistadas durante años de movilización social. Los sectores críticos reclamaron que el Estado no avance en medidas que puedan representar retrocesos, incluso de hecho, en el acceso a derechos ya reconocidos por la legislación nacional.
La decisión de la administración de Milei reavivó además el debate sobre la relación entre la política exterior del Gobierno y la agenda interna en materia de género. Desde distintos espacios feministas señalan que la adhesión se suma a otras decisiones tomadas desde el inicio de la gestión, como la reducción o reestructuración de áreas estatales vinculadas con las políticas de género y los cuestionamientos oficiales a diferentes programas públicos. Para estos sectores, la firma del Consenso de Ginebra constituye un nuevo gesto político que refuerza la orientación ideológica del Gobierno en un tema que continúa generando una fuerte discusión dentro de la sociedad argentina.
Desde la perspectiva oficial, en cambio, la adhesión fue presentada como parte de una política internacional orientada a defender la vida humana y fortalecer a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. El Gobierno también sostiene que el documento respeta la soberanía de cada país para establecer su propia legislación y sus políticas públicas. Esa interpretación es precisamente uno de los puntos de disputa con las organizaciones que rechazan la medida, ya que consideran que el alineamiento diplomático puede utilizarse para impulsar cambios o restricciones sobre derechos sexuales y reproductivos conquistados en Argentina.
La adhesión al Consenso de Ginebra vuelve así a colocar el debate sobre el aborto en el centro de la agenda política. Aunque la Ley 27.610 continúa vigente y el documento firmado no tiene capacidad jurídica para derogarla o modificarla, las organizaciones feministas y de derechos humanos advierten que la discusión trasciende el aspecto estrictamente legal. Para estos colectivos, el principal interrogante está puesto en el rumbo político que el Gobierno pretende consolidar y en la defensa efectiva de los derechos conquistados, mientras el oficialismo profundiza su alineamiento con una agenda internacional conservadora.
Fuente: Política Argentina
