Los fondos fiduciarios volvieron a quedar en el centro del debate sobre la ejecución del gasto público. Mientras distintas obras de infraestructura permanecen paralizadas o avanzan a un ritmo reducido, estos mecanismos acumularon recursos equivalentes a casi 3.000 millones de dólares, según la información difundida sobre la evolución de las cuentas públicas. La situación abre interrogantes sobre el destino de esos fondos y la distancia entre los recursos disponibles y la ejecución efectiva de inversiones estratégicas.
Durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, los fondos fiduciarios que permanecen operativos o administran remanentes recaudaron más de 8,2 billones de pesos y acumularon un superávit financiero cercano a los 3.000 millones de dólares. De acuerdo con la información relevada a partir de balances e informes presupuestarios, una parte significativa de esos recursos no fue ejecutada en los objetivos específicos para los que habían sido creados, sino que terminó colocada en instrumentos financieros del Estado.
Los datos muestran que los fideicomisos registraron un superávit de 1,86 billones de pesos en 2024 y de 1,23 billones en 2025, equivalentes, según las conversiones utilizadas en los informes, a aproximadamente 1.978 millones y 973 millones de dólares respectivamente. El resultado acumulado supera así los 2.900 millones de dólares y se produce mientras distintos proyectos de infraestructura continúan demorados, suspendidos o directamente paralizados.
El nivel de ejecución también refleja esa brecha. Durante 2024, los fondos fiduciarios ejecutaron el 55,8% de los recursos recaudados; en 2025 el porcentaje ascendió al 69,5% y durante el primer trimestre de 2026 alcanzó el 69,7%. La porción no utilizada para los destinos originales fue colocada en plazos fijos, letras y títulos públicos, según la documentación analizada.
Uno de los ejemplos más significativos es el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. Entre 2024 y mayo de 2026, el Estado habría recaudado $375.400 millones provenientes de la parte del impuesto a los combustibles destinada a obras hídricas, pero los pagos ejecutados para esos trabajos fueron de $116.000 millones. Esto implica una ejecución cercana al 31% de los recursos disponibles, mientras el fondo mantenía importantes sumas invertidas en instrumentos del Tesoro y depósitos.
La situación genera cuestionamientos porque muchos de estos fondos tienen asignaciones específicas establecidas por ley. Es decir, los recursos fueron creados para financiar áreas determinadas, entre ellas obras viales, infraestructura hídrica, transporte y otros proyectos estratégicos. Sin embargo, la utilización financiera de una parte de esos recursos permite mejorar el resultado de las cuentas públicas mientras la ejecución de las obras permanece por debajo de los niveles de recaudación.
Desde el Gobierno, el mantenimiento de recursos en instrumentos financieros puede interpretarse como una herramienta de administración de caja y preservación del valor de los fondos. Especialistas consultados en los informes señalaron que realizar colocaciones temporarias puede ser una práctica válida mientras se tramitan pagos. Sin embargo, la discusión aparece cuando esos recursos permanecen sin ejecutar durante períodos prolongados y coinciden con la reducción de la inversión pública y la paralización de obras.
La controversia adquiere especial relevancia en un contexto de deterioro de la infraestructura nacional. Rutas, obras hídricas y distintos proyectos públicos enfrentan problemas de financiamiento y ejecución. En el caso de la infraestructura hídrica, por ejemplo, los datos oficiales relevados muestran que el fondo mantenía recursos disponibles superiores a lo efectivamente destinado a obras durante el período analizado.
El debate, por lo tanto, trasciende la discusión contable sobre el superávit. La acumulación de casi 3.000 millones de dólares en fondos fiduciarios mientras se reduce o demora la ejecución de obras plantea una pregunta central sobre el modelo fiscal: hasta qué punto el equilibrio de las cuentas públicas se sostiene mediante recursos que tenían destinos específicos y que, en lugar de transformarse rápidamente en infraestructura, terminan financiando transitoriamente las necesidades del Tesoro. Con nuevos recursos previstos para colocaciones financieras durante 2026, la discusión promete continuar en torno al destino de esos fondos y al futuro de la obra pública nacional.
Con ayuda de Filo News
