Trabajadores y representantes gremiales del Indec denunciaron que existirían obstáculos para difundir información y discutir públicamente la nueva metodología prevista para calcular el Índice de Precios al Consumidor, IPC. La controversia se produce en torno a un cambio técnico de alto impacto, ya que el indicador oficial de inflación es una de las principales referencias para la economía argentina.
El reclamo de los trabajadores apunta directamente a la decisión de mantener suspendida la actualización de los ponderadores del IPC, que debían basarse en los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, ENGHo, realizada entre 2017 y 2018. La nueva metodología estaba prevista para reemplazar una estructura de consumo anterior y actualizar el peso que tienen los distintos bienes y servicios dentro del cálculo de la inflación.
Según la denuncia sindical, ya habían transcurrido 184 días desde que el Gobierno decidió no publicar el nuevo índice. Los trabajadores cuestionaron que la postergación se produzca mientras los gastos vinculados con servicios, transporte y otros rubros de fuerte impacto en los hogares registran incrementos que, según su planteo, no tienen el mismo peso que deberían tener dentro de la actual medición.
El reclamo se conoció además después de que el Indec informara una inflación de 2,1% para julio de 2026. Ese dato volvió a poner en discusión la metodología utilizada para elaborar el indicador oficial y abrió un nuevo cruce entre el Gobierno, los trabajadores del organismo y sectores sindicales que cuestionan la demora en la implementación de la actualización.
Desde el sector gremial sostienen que la postergación de la nueva metodología afecta la representatividad del índice frente a los cambios que experimentó la estructura de consumo de los hogares argentinos. La ENGHo 2017/2018 fue realizada precisamente para relevar esos hábitos y permitir una actualización de las ponderaciones utilizadas en las estadísticas oficiales.
La discusión también había sido señalada por el Fondo Monetario Internacional. En un informe difundido en mayo, el organismo consideró que la prolongada demora en la actualización del IPC había dejado a la metodología vigente menos representativa de la canasta de consumo actual. El Gobierno, según ese reporte, había vinculado la implementación del cambio con la consolidación del proceso de desinflación.
Para los trabajadores del Indec, sin embargo, el problema no se limita a una discusión estadística. En su reclamo también incorporaron demandas por estabilidad laboral, mejoras salariales, incorporación de trabajadores a planta permanente y mayor autonomía para el organismo encargado de producir las estadísticas oficiales. La movilización buscó vincular la defensa de la independencia técnica del Indec con las condiciones laborales de quienes elaboran sus indicadores.
La polémica adquiere una dimensión política sensible porque el IPC es uno de los principales indicadores utilizados para evaluar la marcha de la economía. Su evolución tiene impacto sobre salarios, jubilaciones, negociaciones paritarias, contratos y expectativas económicas. Por ese motivo, cualquier modificación en la forma de calcularlo genera debate sobre su efecto en la representación del costo de vida y sobre la necesidad de preservar la credibilidad de las estadísticas públicas.
Con la nueva metodología todavía sin fecha de implementación, el conflicto mantiene abierto un doble debate: por un lado, la discusión técnica sobre la actualización del índice y su capacidad para reflejar los hábitos actuales de consumo; por otro, la denuncia de los trabajadores, que califican la demora como una forma de “censura” y reclaman garantías para la independencia y el funcionamiento del Indec. Mientras tanto, el Gobierno continúa difundiendo la inflación con la metodología vigente y la controversia promete seguir ocupando un lugar central en la agenda económica y sindical.
