La administración de Donald Trump avanza en una propuesta para incorporar nuevos dispositivos de inmovilización a los agentes encargados de tareas migratorias en Estados Unidos. La iniciativa contempla el uso de guantes capaces de producir descargas eléctricas y abre un nuevo debate sobre el uso de la fuerza, los derechos humanos y las herramientas empleadas durante los procedimientos de detención.
La iniciativa forma parte de los planes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, para adquirir miles de dispositivos denominados G.L.O.V.E., sigla en inglés de Generated Low Output Voltage Emitter. Se trata de guantes que pueden funcionar de manera convencional, pero que cuentan con un mecanismo capaz de emitir una descarga eléctrica cuando el agente activa el dispositivo y entra en contacto directo con la piel de una persona.
De acuerdo con la información conocida, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense prevé destinar entre 10 y 20 millones de dólares a la compra de estos equipos. Los dispositivos estarían destinados principalmente a agentes y oficiales de las áreas de Operaciones de Ejecución y Deportación e Investigaciones de Seguridad Nacional, dos sectores que participan en operativos, arrestos y procedimientos vinculados con la política migratoria.
La administración estadounidense presenta los guantes como una herramienta de “distracción y desescalada” que permitiría controlar situaciones de resistencia física sin recurrir directamente a armas de fuego. Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, defendió públicamente el proyecto y sostuvo que se trata de una alternativa adicional para responder ante situaciones de confrontación sin llegar al uso de fuerza letal.
Sin embargo, el anuncio generó una fuerte reacción entre organizaciones de derechos civiles, activistas y dirigentes demócratas. Los cuestionamientos se centran en el riesgo de que un dispositivo diseñado específicamente para provocar dolor pueda ser utilizado de manera abusiva durante detenciones de migrantes, especialmente en un contexto en el que las políticas de control migratorio impulsadas por la administración Trump ya se encuentran bajo fuerte discusión pública.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, fue una de las organizaciones que expresó su preocupación por la posible incorporación de estos dispositivos. Los defensores de los derechos civiles advierten que la disponibilidad de una herramienta capaz de provocar descargas eléctricas durante un contacto físico podría ampliar las posibilidades de uso de la fuerza y dificultar, según sostienen, los mecanismos de control y rendición de cuentas sobre los procedimientos de los agentes.
Los guantes G.L.O.V.E. son fabricados por Compliant Technologies, una empresa estadounidense especializada en dispositivos destinados a fuerzas de seguridad. Según la información difundida sobre su funcionamiento, el equipo debe entrar en contacto directo con la piel para producir la descarga, mientras que la empresa lo promociona como una herramienta menos letal destinada a reducir lesiones tanto para los agentes como para las personas sometidas durante un procedimiento.
El proyecto también vuelve a colocar en el centro del debate el endurecimiento de la política migratoria estadounidense. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, las acciones de ICE y los operativos contra inmigrantes han generado protestas, cuestionamientos políticos y denuncias de organizaciones que reclaman mayores controles sobre la actuación de los agentes. Para los críticos, la incorporación de nuevos dispositivos eléctricos representa una profundización de la estrategia de mano dura; para la administración, en cambio, se trata de sumar herramientas para evitar situaciones que puedan escalar hacia consecuencias más graves.
Por el momento, el plan continúa avanzando en el proceso de adquisición y su eventual utilización estará sujeta al desarrollo de políticas específicas y capacitación para los agentes. Mientras tanto, la decisión de destinar hasta 20 millones de dólares a estos dispositivos ya abrió una nueva controversia en Estados Unidos y promete convertirse en otro punto de disputa entre la administración Trump, los defensores de una política migratoria más dura y las organizaciones que denuncian posibles vulneraciones a los derechos de los inmigrantes.
