La investigación judicial que puso bajo sospecha la compra de vacunas durante la pandemia vuelve a quedar bajo la lupa. La causa atravesó denuncias, acusaciones y una extensa discusión pública, pero el paso del tiempo y las decisiones judiciales fueron debilitando varias de las hipótesis que habían generado mayor impacto político.
La causa se encuentra a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli, y durante los últimos meses ingresó en una etapa de declaraciones indagatorias. Entre quienes fueron convocados figuraron el infectólogo Pedro Cahn y la exministra de Salud Carla Vizzotti, dentro de una investigación sobre presuntas irregularidades en la adquisición y provisión de vacunas contra el coronavirus durante el gobierno de Alberto Fernández.
La causa apunta a determinar si las decisiones adoptadas para contratar vacunas respondieron exclusivamente a criterios sanitarios y epidemiológicos o si existieron otros intereses que pudieran haber favorecido a determinados laboratorios o intermediarios. La investigación abarca operaciones relacionadas con vacunas de AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik, además de empresas y actores vinculados a la provisión de dosis durante la emergencia sanitaria.
Uno de los últimos capítulos fue la declaración de una exrepresentante de AstraZeneca, mencionada en la investigación publicada por Página/12. Su testimonio volvió a poner el foco sobre una de las líneas centrales del expediente y sobre la construcción de las acusaciones contra funcionarios del anterior gobierno. Según el artículo, la declaración aportó elementos que, desde esa interpretación periodística, debilitan algunas de las hipótesis que habían sostenido la ofensiva judicial.
El caso tuvo desde su inicio una fuerte repercusión política. La compra de vacunas durante la pandemia fue uno de los temas más sensibles de la gestión de Alberto Fernández, en un contexto internacional de escasez, competencia entre países y negociaciones simultáneas con distintos laboratorios. La Auditoría General de la Nación había señalado, al analizar el período 2021-2022, que el Ministerio de Salud aseguró la disponibilidad de vacunas mediante acuerdos con diferentes compañías y que al cierre del período auditado habían ingresado más de 130 millones de dosis al país.
Sin embargo, la existencia de una política pública de vacunación y la compra efectiva de dosis no elimina la posibilidad de que la Justicia investigue eventuales irregularidades. El punto central del expediente es determinar si existieron delitos concretos en las decisiones adoptadas, quiénes participaron de ellas y si puede establecerse una responsabilidad penal individual. Para eso, la causa debe avanzar sobre documentación, contratos, testimonios y otros elementos de prueba.
La nota de Página/12 cuestiona particularmente la solidez de la acusación impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y sostiene que la investigación fue perdiendo fuerza a medida que avanzaron las actuaciones. Bajo esa mirada, algunas de las sospechas iniciales no habrían encontrado hasta ahora el respaldo probatorio esperado. Se trata, sin embargo, de una causa que continúa en trámite y cuyo resultado final dependerá de las decisiones que adopte la Justicia federal.
El avance de las indagatorias durante 2026 demuestra que el expediente todavía está abierto y que los investigadores continúan reuniendo elementos. Las declaraciones de exfuncionarios, especialistas y personas vinculadas al proceso de adquisición de vacunas forman parte de una etapa clave para definir si existen fundamentos suficientes para profundizar las acusaciones o si algunas líneas de investigación deberán ser descartadas.
Así, la causa por la compra de vacunas contra el Covid-19 continúa atravesando una compleja combinación de política, salud pública y Justicia. Lo que comenzó como una denuncia por presuntas irregularidades en una de las decisiones más sensibles de la pandemia enfrenta ahora el desafío de transformar las sospechas en pruebas concretas. Mientras continúan las declaraciones y el análisis de la evidencia, el expediente sigue abierto y su desenlace judicial todavía está por definirse.
Fuente: Página12
