El Ministerio de Capital Humano rechazó el paro nacional convocado por los gremios docentes y no docentes universitarios para la próxima semana, al considerar que la medida de fuerza es “prematura” y asegurar que el Gobierno nacional cumplió con todos los compromisos asumidos en la última negociación paritaria. Sin embargo, las organizaciones sindicales ratificaron la protesta y sostienen que persisten graves problemas salariales y presupuestarios en el sistema universitario.
La cartera encabezada por Sandra Pettovello emitió un comunicado oficial en el que afirmó que “no existe incumplimiento alguno” por parte del Poder Ejecutivo. Según el Ministerio, ya fueron transferidos los fondos correspondientes a las universidades nacionales y tanto docentes como no docentes comenzaron a percibir los incrementos salariales acordados durante la negociación paritaria celebrada en junio. En ese marco, el Gobierno sostuvo que la discusión continúa abierta y que aún resta una nueva reunión prevista para antes del 15 de septiembre, motivo por el cual considera injustificada la convocatoria a un paro.
Desde Capital Humano recordaron que el acta firmada el pasado 10 de junio estableció un incremento salarial total del 24,33 por ciento, distribuido en un 21,33 por ciento abonado durante junio y un 3 por ciento previsto para octubre. Además, señalaron que las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio para continuar negociando la evolución de los salarios en función de la situación económica, por lo que sostienen que el proceso paritario sigue plenamente vigente.
Pese a la postura oficial, las federaciones sindicales universitarias confirmaron la realización del paro previsto entre el 11 y el 15 de agosto bajo la consigna “En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”. Los gremios argumentan que el conflicto excede la cuestión salarial y denuncian el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la falta de ejecución de partidas presupuestarias y el incumplimiento de una medida cautelar judicial que ordenó actualizar salarios y becas conforme a la evolución de la inflación.
Las organizaciones sindicales también manifestaron su preocupación por la situación financiera que atraviesan las universidades nacionales y, especialmente, los hospitales universitarios. Según expresaron, la insuficiente ejecución presupuestaria compromete el funcionamiento de numerosas instituciones académicas y afecta tanto las tareas de docencia e investigación como la prestación de servicios de salud y extensión universitaria. Por ese motivo, sostienen que la protesta busca visibilizar un problema estructural que continúa sin resolverse.
En representación de los docentes universitarios, distintos dirigentes sindicales cuestionaron la respuesta del Gobierno y denunciaron que existe una creciente pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación. Además, señalaron que la comunidad universitaria ya protagonizó múltiples movilizaciones durante el último año en defensa del financiamiento del sistema público y reclamaron que el Ejecutivo cumpla plenamente con las leyes y resoluciones judiciales vinculadas al funcionamiento de las universidades nacionales.
El conflicto universitario se produce en un contexto de fuerte discusión sobre el presupuesto destinado a la educación superior. Rectores, docentes, no docentes y estudiantes vienen advirtiendo desde hace meses sobre las dificultades para sostener el funcionamiento de las universidades públicas frente al incremento de los costos operativos y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En paralelo, el Gobierno sostiene que cumplió con las transferencias comprometidas y que las negociaciones continúan abiertas dentro del marco institucional previsto.
Mientras ambas partes mantienen posiciones contrapuestas, el paro nacional convocado para la próxima semana anticipa una nueva etapa de tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario. La evolución de las negociaciones salariales, el financiamiento de las universidades y el cumplimiento de los compromisos presupuestarios serán aspectos centrales de un conflicto que continúa abierto y que vuelve a colocar a la educación pública en el centro del debate político argentino.
Fuente: Filo News
