Organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales e indígenas intensifican la convocatoria para rechazar la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno nacional. Los sectores movilizados sostienen que el proyecto facilitaría la extranjerización de tierras rurales y pondría en riesgo recursos estratégicos como el agua y los bienes naturales.
La discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras volvió a instalarse en el centro del debate político luego de que distintas organizaciones anunciaran una nueva jornada de movilización frente al Congreso de la Nación. La iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei busca modificar aspectos centrales de la normativa vigente, eliminando restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La convocatoria reúne a entidades campesinas, organizaciones ambientales, movimientos sociales y sectores sindicales que consideran que el proyecto representa un retroceso en materia de soberanía territorial.
Actualmente, la legislación establece que las personas y empresas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales del país, además de fijar límites por nacionalidad y por extensión territorial. La propuesta oficial elimina esos topes y flexibiliza las condiciones para la compra de campos, una modificación que, según el Ejecutivo, busca atraer inversiones y brindar mayor seguridad jurídica.
Los sectores que rechazan la reforma sostienen que el cambio abriría la puerta a un proceso de mayor concentración y extranjerización de la tierra, permitiendo que grandes fondos internacionales incrementen su presencia sobre territorios considerados estratégicos. También advierten que la eliminación de los límites vigentes podría afectar el control nacional sobre recursos naturales, cuencas hídricas y zonas de alto valor ambiental.
Entre las organizaciones convocantes se encuentran movimientos campesinos, comunidades indígenas, asambleas ambientales y diversas entidades sociales que consideran que la tierra constituye un recurso estratégico para el desarrollo nacional. Según expresaron en distintos comunicados, la reforma no solo tendría impacto económico, sino también social y ambiental, al modificar el régimen de propiedad sobre extensas superficies rurales del país.
La movilización también busca presionar a los legisladores nacionales antes del tratamiento parlamentario del proyecto. Desde distintos bloques de la oposición manifestaron cuestionamientos a la iniciativa y anticiparon que intentarán impedir su aprobación, argumentando que la legislación vigente fue creada precisamente para preservar el acceso nacional a recursos considerados estratégicos.
Por su parte, el Gobierno sostiene que las restricciones actuales desalientan inversiones y limitan el desarrollo productivo. La propuesta forma parte de un paquete de reformas orientadas a reducir regulaciones sobre la propiedad privada y ampliar la participación del capital privado en distintos sectores de la economía. Sus impulsores consideran que la flexibilización permitirá incrementar las inversiones en el sector agropecuario y mejorar la competitividad del país.
El debate trasciende la cuestión jurídica y se instaló como una discusión sobre el modelo de desarrollo. Mientras el oficialismo defiende una mayor apertura para captar inversiones, los sectores opositores plantean que la tierra constituye un recurso limitado cuyo control debe permanecer mayoritariamente en manos nacionales para garantizar la soberanía sobre la producción de alimentos, el agua y otros bienes estratégicos.
Con la convocatoria en crecimiento y posiciones cada vez más enfrentadas, el tratamiento de la reforma promete convertirse en uno de los debates políticos más relevantes de las próximas semanas. La resolución legislativa no solo definirá el futuro de la Ley de Tierras, sino también el alcance de las políticas vinculadas a la propiedad rural, las inversiones extranjeras y la administración de recursos considerados clave para el desarrollo argentino.
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