El Gobierno nacional derogó una norma vigente desde 2002 y puso en marcha una nueva etapa en la reorganización del sistema de transporte de gas natural. La medida busca unificar los criterios tarifarios del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno, eliminar regímenes especiales y avanzar en un esquema de precios más homogéneo para el uso de la infraestructura energética.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 580/2026, que dejó sin efecto el Decreto 689/2002, una norma dictada durante la emergencia económica de principios de siglo. Según argumentó el Poder Ejecutivo, ese régimen excepcional había sido creado para responder a un contexto económico completamente diferente al actual y, con el paso del tiempo, terminó generando distorsiones en el funcionamiento del sistema de transporte de gas natural.
El decreto sostiene que mantener tratamientos diferenciales para determinados contratos de exportación de gas provocaba desigualdades en las tarifas que abonaban los distintos cargadores del sistema. Como toda la infraestructura utilizada se encuentra en territorio argentino, el Gobierno considera que debe remunerarse bajo criterios uniformes, evitando beneficios particulares que alteren la competencia o el costo del transporte.
Uno de los principales cambios establece que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad será el organismo encargado de fijar el precio de la capacidad base que servirá para calcular el precio unificado del transporte en el Gasoducto Perito Moreno. Para ello deberá tomar como referencia el valor adjudicado para la capacidad incremental, pudiendo aplicar un esquema gradual que evite aumentos bruscos en las tarifas mientras se implementa el nuevo sistema.
El Gobierno explicó que la medida forma parte de una reconfiguración integral del sistema nacional de transporte de gas, impulsada por el crecimiento de la producción en Vaca Muerta y por los cambios registrados en las rutas de abastecimiento del país durante los últimos años. La disminución del suministro proveniente de Bolivia y el incremento del gas producido en la Cuenca Neuquina modificaron el funcionamiento histórico de la red de gasoductos, haciendo necesaria una actualización del esquema regulatorio.
Desde el Ejecutivo también señalaron que la reorganización permitirá optimizar el uso del Gasoducto Perito Moreno, una obra considerada estratégica para abastecer los principales centros de consumo del país y reducir la dependencia de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL). La intención oficial es que la infraestructura opere con reglas más transparentes y facilite futuras inversiones privadas destinadas a ampliar la capacidad de transporte.
En los fundamentos del DNU se sostiene además que la urgencia de la decisión está vinculada a la emergencia energética vigente hasta fines de 2027. Según el Gobierno, avanzar de inmediato con la reconfiguración tarifaria permitirá brindar mayor previsibilidad a los contratos de transporte de gas, fortalecer la seguridad jurídica y adecuar el marco regulatorio a las nuevas condiciones del mercado energético argentino.
La derogación del decreto de 2002 representa un nuevo paso dentro de la política energética impulsada por la administración nacional, orientada a reducir regulaciones consideradas obsoletas y promover un esquema de funcionamiento basado en reglas unificadas para el transporte de gas. El impacto de estas modificaciones comenzará a reflejarse en los próximos meses, cuando el ente regulador defina el nuevo cuadro tarifario y avance la implementación de la reconfiguración del Gasoducto Perito Moreno, una infraestructura clave para el desarrollo de Vaca Muerta y el abastecimiento energético del país.
Fuente: Ámbito Financiero
