El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, promulgó la Ley Provincial N.° 11.126, una norma que crea un marco jurídico para acompañar a las empresas recuperadas por sus trabajadores y garantizar la continuidad de la producción y los puestos de trabajo mediante la organización cooperativa. La iniciativa busca brindar herramientas concretas para sostener el empleo y fortalecer el entramado productivo provincial.
La nueva legislación representa un paso importante para el sector cooperativo cordobés y para las empresas que atraviesan procesos de crisis, cierre o quiebra. La norma declara de interés social los procesos de recuperación de empresas y reconoce como sujetos prioritarios a los trabajadores organizados en cooperativas de trabajo, con el objetivo de preservar las fuentes laborales y mantener en funcionamiento unidades productivas que, de otro modo, podrían desaparecer.
La ley fue sancionada por la Legislatura de Córdoba y posteriormente promulgada mediante el Decreto N.° 57 del Poder Ejecutivo provincial. Según el Gobierno, la iniciativa apunta a generar previsibilidad y respaldo institucional para las empresas recuperadas, además de crear un conjunto de herramientas destinadas a facilitar su sostenibilidad económica y organizativa.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la creación del Registro Provincial de Empresas Recuperadas, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Este organismo será la autoridad de aplicación y tendrá la responsabilidad de diseñar e implementar políticas públicas para acompañar a las cooperativas surgidas de procesos de recuperación empresarial.
Además, la ley establece un amplio esquema de asistencia para las cooperativas inscriptas en el registro. Entre las herramientas previstas figuran programas de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento jurídico, acceso a líneas de crédito y mecanismos de garantía destinados a facilitar el financiamiento de las empresas recuperadas.
La normativa también contempla un régimen de beneficios temporales, que incluye prioridad como proveedoras del Estado provincial, tratamiento fiscal preferencial y la posibilidad de acceder a subsidios y programas de fortalecimiento institucional. Desde el Gobierno sostienen que estas medidas permitirán consolidar la actividad productiva de las cooperativas y mejorar sus posibilidades de desarrollo en un contexto económico complejo.
Otro aspecto destacado de la ley es que establece un procedimiento específico para intervenir en los procesos de recuperación de empresas. El Ministerio de Justicia y Trabajo deberá realizar inspecciones, elaborar informes técnicos y convocar a una audiencia obligatoria con participación de los trabajadores y representantes de las áreas involucradas para evaluar la viabilidad de la continuidad de la explotación bajo la figura cooperativa.
La legislación incorpora además la perspectiva de género como uno de sus principios rectores, promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en los procesos productivos, económicos y sociales que se desarrollen dentro de las empresas recuperadas. El objetivo es garantizar una participación más equitativa y fortalecer el carácter democrático de las experiencias de autogestión.
Desde distintos sectores del cooperativismo y de la economía social celebraron la promulgación de la norma, al considerar que brinda un marco institucional que hasta ahora no existía en la provincia. Las organizaciones vinculadas al sector sostienen que las empresas recuperadas no solo permiten preservar puestos de trabajo, sino que también contribuyen a mantener capacidades productivas, evitar el cierre de establecimientos y sostener las economías regionales.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Córdoba busca consolidar un modelo de desarrollo que combine la defensa del empleo, el fortalecimiento del cooperativismo y la preservación del aparato productivo frente a las crisis empresariales. La nueva ley se convierte así en una herramienta destinada a dar respuesta a uno de los principales desafíos de la economía actual: sostener la producción y el trabajo en un contexto de creciente incertidumbre económica.
Fuente: Política Córdoba Verdad
