Un informe elaborado por especialistas de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET advirtió que el presupuesto nacional destinado a Educación y Cultura sufrió una caída cercana al 50% en términos reales en apenas dos años. La reducción impacta en las universidades, la educación técnica, la infraestructura escolar y los salarios docentes, profundizando las desigualdades en todo el sistema educativo argentino.
La política de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno nacional tiene uno de sus impactos más profundos en el sistema educativo. De acuerdo con un informe elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA CONICET), el financiamiento destinado a Educación y Cultura perdió cerca de la mitad de su valor real entre 2024 y 2026, configurando uno de los recortes más importantes de las últimas décadas.
Los especialistas señalan que el presupuesto educativo nacional pasó de representar el 1,41% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023 a un nivel proyectado de apenas 0,75% para 2026, una cifra que constituye el nivel más bajo de inversión en educación en más de veinte años. La reducción se produce en un contexto de fuerte contracción del gasto público y de un proceso de reestructuración del Estado impulsado por el oficialismo.
Uno de los aspectos que más preocupa a los expertos es el impacto sobre la educación pública en las provincias. Desde la década de 1990, las jurisdicciones provinciales financian cerca del 75% del sistema educativo obligatorio, por lo que la disminución de las transferencias nacionales incrementa las desigualdades entre distritos con mayor y menor capacidad económica.
Las universidades nacionales también aparecen entre las áreas más afectadas. Si bien el Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario, los investigadores sostienen que las partidas presupuestarias continúan siendo insuficientes para compensar la pérdida acumulada por la inflación y garantizar el funcionamiento normal de las casas de estudio. Durante los últimos meses, docentes, estudiantes y autoridades universitarias realizaron numerosas movilizaciones reclamando mayores recursos para el sector.
El informe también advierte sobre el deterioro de los salarios docentes. Según los datos relevados, en veinte de las veinticuatro jurisdicciones del país los ingresos de los maestros y profesores se encuentran por debajo del costo de la canasta familiar, situación que genera dificultades para la permanencia en el sistema y profundiza la crisis educativa.
Otro de los puntos críticos es la reducción de fondos destinados a infraestructura escolar, programas de conectividad, formación docente y educación técnica. Diversos sectores educativos advierten que la disminución de estas partidas compromete la calidad de la enseñanza y limita las posibilidades de desarrollo de miles de estudiantes en todo el país.
Los especialistas remarcan además que el proyecto de Presupuesto 2026 propone eliminar la obligación legal de destinar al menos el 6% del PBI a la educación, un objetivo establecido por la Ley de Educación Nacional. Para los investigadores, esta modificación implica un cambio estructural en la política educativa argentina y consolida la tendencia de reducción del financiamiento estatal.
En medio de este escenario, sindicatos docentes, rectores universitarios y organizaciones educativas sostienen que el ajuste presupuestario pone en riesgo el funcionamiento de numerosas instituciones y profundiza las desigualdades de acceso al derecho a la educación. El debate sobre el financiamiento educativo promete convertirse en uno de los principales ejes de la discusión política y parlamentaria durante los próximos meses.
Fuente: La Política Online
