El Gobierno de Brasil manifestó su preocupación por las posibles consecuencias de la decisión de Estados Unidos de declarar como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primer Comando de la Capital (PCC). Un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores alertó que esa medida podría ser utilizada para justificar acciones extraterritoriales sobre territorio e instituciones brasileñas, generando inquietud en el plano diplomático y de seguridad.
El Gobierno brasileño encendió las alarmas luego de que trascendiera un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se advierte sobre el riesgo de una eventual intervención de Estados Unidos tras la decisión de Washington de catalogar al Comando Vermelho y al Primer Comando de la Capital (PCC) como organizaciones terroristas. La preocupación fue expresada por la Cancillería en respuesta a un pedido de información realizado por la Cámara de Diputados de Brasil.
Según el informe, la clasificación unilateral de estas organizaciones criminales podría abrir la puerta a acciones extraterritoriales por parte de Estados Unidos, con posibles implicancias en los ámbitos militar, financiero, migratorio y judicial. El documento sostiene que esa decisión podría ser invocada como fundamento para intervenir sobre instituciones brasileñas bajo el argumento de combatir el terrorismo internacional.
La preocupación del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se produce luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciara que el Comando Vermelho y el PCC pasarán a integrar la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, argumentando que ambas bandas poseen redes de actuación que exceden las fronteras brasileñas.
Desde el Palacio de Itamaraty consideran que esa decisión representa un cambio significativo en la relación bilateral y podría afectar la soberanía brasileña. El informe advierte que la utilización de la legislación antiterrorista estadounidense podría derivar en medidas unilaterales con impacto sobre ciudadanos, empresas e instituciones de Brasil, sin la participación de las autoridades nacionales.
En las últimas semanas, el presidente Lula había cuestionado públicamente la decisión de Washington y rechazó que Brasil sea tratado como una “república bananera”. Además, reclamó una mayor cooperación bilateral para combatir el crimen organizado y pidió que Estados Unidos refuerce los controles sobre el tráfico de armas que llegan ilegalmente a territorio brasileño.
El debate también despertó preocupación entre especialistas en relaciones internacionales, quienes señalaron que la designación de organizaciones criminales como terroristas amplía las herramientas legales de las que dispone el Gobierno estadounidense para actuar fuera de su territorio. En América Latina, este tipo de medidas ya generó tensiones diplomáticas en otros países debido a los cuestionamientos sobre su posible alcance extraterritorial.
Mientras tanto, el Gobierno brasileño continúa siguiendo de cerca la evolución de la medida y mantiene contactos diplomáticos para evitar una escalada en el conflicto. La Cancillería sostiene que cualquier acción vinculada al combate contra el crimen organizado debe respetar plenamente la soberanía nacional y el derecho internacional, priorizando la cooperación entre los Estados antes que decisiones unilaterales.
La difusión del documento oficial refleja la creciente tensión entre Brasil y Estados Unidos en materia de seguridad regional. Aunque no existe ninguna confirmación de una intervención militar inminente, el Gobierno brasileño considera necesario anticiparse a los posibles efectos jurídicos y políticos que podría generar la nueva política estadounidense hacia las organizaciones criminales que operan en el país.
Con ayuda de RT
