El empresario farmacéutico Hugo Sigman no declaró este lunes en la causa que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia. Su defensa presentó un recurso ante la Cámara Federal, que fue aceptado por el juez Ariel Lijo, lo que derivó en la suspensión de la audiencia de indagatoria prevista en los tribunales de Comodoro Py.
La audiencia estaba prevista para este lunes y representaba un momento clave dentro de la investigación judicial que busca determinar si existieron irregularidades en la negociación y adquisición de vacunas contra el Covid-19 durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, pocas horas antes de la cita, la defensa de Sigman interpuso un recurso ante la Cámara Federal, lo que motivó la suspensión de la declaración indagatoria.
Se trata de la tercera vez que la comparecencia del empresario se posterga. Originalmente, Sigman debía presentarse en mayo, pero su defensa solicitó una prórroga que fue concedida por el juzgado. La nueva fecha había sido fijada para fines de junio, aunque el reciente planteo judicial volvió a modificar el cronograma del expediente.
La causa es impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, quien investiga si durante el gobierno de Alberto Fernández existió un esquema destinado a favorecer determinados intereses económicos en la compra de vacunas contra el coronavirus. La pesquisa intenta establecer si algunas decisiones oficiales perjudicaron el acceso temprano de la población a determinadas dosis durante la pandemia.
Entre los investigados también figura la exministra de Salud Carla Vizzotti, además de otros exfuncionarios y personas vinculadas a la estrategia sanitaria implementada durante la emergencia. La investigación procura reconstruir cómo se desarrollaron las negociaciones con distintos laboratorios y cuáles fueron los criterios utilizados para definir los contratos firmados por el Estado nacional.
Según el requerimiento fiscal, una de las principales líneas de investigación gira en torno a la negociación con Pfizer. Stornelli sostiene que el Gobierno habría rechazado una propuesta presentada en agosto de 2020 para adquirir más de 13 millones de dosis, mientras posteriormente avanzó con acuerdos para comprar vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm, cuyas entregas comenzaron varios meses después. Esa hipótesis forma parte de la acusación y deberá ser analizada durante el proceso judicial.
La fiscalía también analiza la tramitación administrativa de los expedientes relacionados con Pfizer. De acuerdo con la investigación, esos documentos habrían permanecido durante meses en distintos despachos oficiales dentro del sistema de Gestión Documental Electrónica (GEDO), situación que, según el fiscal, carecería de una justificación técnica suficiente. Estos elementos forman parte de la evidencia incorporada al expediente.
Otro de los aspectos bajo análisis es la relación entre algunos de los funcionarios que participaron en las negociaciones sanitarias y organizaciones vinculadas al empresario. En ese contexto, la fiscalía menciona que Sonia Tarragona, quien intervino en las conversaciones con Pfizer por parte del Estado, había ocupado años antes un cargo directivo en la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Hugo Sigman. Ese vínculo integra las líneas de investigación, aunque no implica por sí mismo una determinación de responsabilidad penal.
Con la suspensión de la audiencia, ahora será la Cámara Federal la que deberá resolver el recurso presentado por la defensa del empresario. Hasta tanto exista una decisión sobre ese planteo, la declaración indagatoria permanecerá pendiente y el expediente continuará avanzando sobre el resto de las medidas de prueba previstas por el juzgado de Ariel Lijo.
Fuente: Noticias Argentinas.
