La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en una etapa clave. El fiscal federal Gerardo Pollicita espera un informe patrimonial integral que podría definir los próximos pasos de la causa, entre ellos un eventual pedido para que el funcionario justifique el crecimiento de su patrimonio e incluso un posible llamado a declaración indagatoria.
La causa se encuentra en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero para las Investigaciones (DAFI) un informe contable completo sobre la evolución patrimonial de Manuel Adorni. Ese estudio busca reconstruir el origen y la evolución de sus bienes, ingresos, gastos y movimientos financieros durante los últimos años para determinar si existe una diferencia patrimonial que no pueda ser justificada legalmente.
Según trascendió, el informe técnico sería entregado antes del inicio de la feria judicial, lo que convertiría a las próximas semanas en un momento decisivo para el expediente. Una vez incorporado ese análisis, la fiscalía evaluará si existen elementos suficientes para avanzar con un requerimiento formal de explicaciones patrimoniales o impulsar nuevas medidas de prueba.
La investigación se originó tras una serie de denuncias que cuestionan el importante incremento patrimonial declarado por Adorni desde que asumió funciones en el Gobierno nacional. Entre los aspectos bajo análisis figuran operaciones inmobiliarias, inversiones financieras, movimientos vinculados a criptomonedas y otras adquisiciones que despertaron interrogantes respecto del origen de los fondos utilizados.
En el marco del expediente también fueron analizadas las declaraciones juradas presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción, luego de que distintos informes periodísticos señalaran presuntas inconsistencias entre los bienes declarados y la evolución de su patrimonio. Esos elementos forman parte de la documentación que la fiscalía procura contrastar con información bancaria, tributaria y registral.
Desde el Gobierno nacional rechazaron las acusaciones y sostienen que todas las operaciones patrimoniales de Adorni tienen respaldo documental. El propio funcionario manifestó en distintas oportunidades que explicará cada uno de sus movimientos ante la Justicia y negó haber cometido irregularidades. Además, el presidente Javier Milei reiteró públicamente su respaldo político al jefe de Gabinete y aseguró que solo adoptaría medidas si existiera una condena judicial firme.
Mientras tanto, la causa continúa avanzando con medidas técnicas orientadas a reconstruir la situación patrimonial del funcionario. El informe de la DAFI será considerado una de las pruebas centrales para determinar si el crecimiento de los bienes declarados resulta compatible con los ingresos conocidos o si corresponde profundizar la investigación mediante nuevas diligencias judiciales.
En el plano político, el expediente ha generado fuertes repercusiones dentro del oficialismo y de la oposición. La investigación se convirtió en uno de los principales focos de debate público y ha tenido impacto en la agenda parlamentaria, donde distintos bloques impulsan pedidos de informes y reclaman explicaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario.
Con la llegada del informe contable solicitado por la fiscalía, la investigación podría ingresar en una etapa decisiva. La Justicia deberá evaluar si las pruebas reunidas alcanzan para avanzar hacia un requerimiento formal de justificación patrimonial o incluso hacia una eventual declaración indagatoria. Mientras tanto, Adorni continúa desempeñando sus funciones y sostiene que demostrará la legalidad de todas sus operaciones ante los tribunales.
Fuente: Página 12
