El bloque Diputados del Pueblo presentó un proyecto para derogar el denominado Súper RIGI, al considerar que el nuevo régimen de incentivos impulsado por el Gobierno nacional beneficia exclusivamente a grandes corporaciones y profundiza las desigualdades económicas. Los legisladores sostuvieron que la iniciativa consolida un esquema de privilegios para grandes inversores en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, la industria nacional y las economías regionales.
El proyecto fue presentado por integrantes del bloque Diputados del Pueblo, quienes cuestionaron la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) promovida por la administración de Javier Milei. Según expresaron, el denominado Súper RIGI profundiza los beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros otorgados a grandes grupos económicos, sin establecer mecanismos suficientes para garantizar un impacto positivo sobre el desarrollo productivo nacional ni sobre la generación de empleo de calidad.
Los legisladores sostuvieron que el régimen crea un marco de competencia desigual entre grandes empresas y el resto del entramado productivo argentino. Argumentaron que las exenciones impositivas y las facilidades otorgadas a proyectos de gran escala colocan en una situación de desventaja a las pequeñas y medianas empresas, que continúan afrontando una elevada carga tributaria y mayores dificultades para acceder al financiamiento y a divisas para importar insumos.
Otro de los cuestionamientos planteados por el bloque se refiere al impacto del régimen sobre la soberanía económica. Según el proyecto, el Súper RIGI flexibiliza controles vinculados con la disponibilidad de divisas, las exportaciones y los beneficios tributarios durante extensos períodos, lo que, a criterio de los impulsores de la iniciativa, limita la capacidad del Estado para administrar recursos estratégicos y definir políticas de desarrollo económico.
Desde Diputados del Pueblo también advirtieron que el esquema favorece principalmente a empresas multinacionales vinculadas con sectores extractivos como la minería, los hidrocarburos y la energía, mientras deja en un segundo plano a actividades industriales con mayor capacidad de generación de empleo. En ese sentido, afirmaron que el país necesita un modelo de inversiones que promueva el valor agregado, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las cadenas productivas locales.
El proyecto de derogación incorpora además críticas al tratamiento diferencial que reciben los grandes capitales frente a las empresas nacionales. Los legisladores señalaron que resulta contradictorio exigir esfuerzos fiscales a trabajadores, jubilados y pequeñas empresas mientras se conceden amplios beneficios impositivos y regulatorios a proyectos de inversión de gran magnitud.
Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que el RIGI constituye una herramienta fundamental para atraer inversiones de largo plazo, incrementar la producción y generar empleo en sectores estratégicos. El oficialismo argumenta que la estabilidad jurídica y los incentivos fiscales son condiciones necesarias para competir con otros países en la captación de capitales internacionales y desarrollar proyectos de gran escala que requieren importantes desembolsos de inversión.
El debate sobre el régimen también atraviesa a distintos sectores empresariales. Mientras cámaras vinculadas con la minería, la energía y grandes proyectos de infraestructura respaldan la iniciativa por considerar que mejora la competitividad del país, organizaciones de pequeñas y medianas empresas han manifestado preocupación por el posible impacto de un esquema que, según sostienen, concentra beneficios en un número reducido de grandes inversores.
Con la presentación de este proyecto, Diputados del Pueblo busca abrir una nueva discusión parlamentaria sobre el alcance del RIGI y el modelo de desarrollo económico que impulsa el Gobierno nacional. La iniciativa deberá ahora ser analizada por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, en un contexto donde las políticas de promoción de inversiones continúan siendo uno de los principales ejes del debate económico y político en Argentina.
Fuente: Minuto Uno
