La crisis de la histórica cooperativa láctea SanCor sumó un nuevo capítulo tras cumplirse el plazo de 60 días dispuesto por la Justicia en el proceso de quiebra. Un total de 736 trabajadores quedaron formalmente desvinculados, mientras un grupo de acreedores impulsa acciones judiciales para detener la venta de plantas y marcas, al considerar que la liquidación perjudicará a quienes aún esperan cobrar sus créditos.
La quiebra de SanCor continúa generando fuertes consecuencias para trabajadores, productores y acreedores. Cumplido el plazo establecido por la Justicia, 736 empleados quedaron oficialmente desvinculados de la empresa, mientras que únicamente 178 trabajadores permanecerán prestando funciones en distintas plantas ubicadas en las provincias de Santa Fe y Córdoba para sostener las escasas operaciones que aún continúan activas.
Según trascendió, los empleados que conservarán sus puestos fueron distribuidos entre las plantas industriales de Sunchales, Gálvez, Devoto, Balnearia, La Carlota y San Guillermo, además de otras áreas operativas indispensables para el desarrollo del proceso judicial y administrativo. Paralelamente, quienes fueron desvinculados comenzaron a recibir las notificaciones correspondientes al pago de las indemnizaciones previstas dentro del procedimiento de quiebra.
En paralelo con la reducción de personal, avanza el proceso de liquidación de los activos de la cooperativa. La Justicia autorizó la venta de seis plantas industriales, además de la marca SanCor y otros bienes de la empresa, cuya valuación ronda entre 52 y 55 millones de dólares, una cifra considerablemente inferior al pasivo total, que distintas estimaciones ubican en alrededor de 185 millones de dólares.
Esta situación motivó la reacción de un grupo de acreedores nucleados en el denominado Frente Unificado por la Defensa de SanCor, integrado por representantes de trabajadores, ex empleados, productores tamberos y estudios jurídicos. El espacio presentó una medida cautelar para solicitar la suspensión inmediata del proceso de licitación y remate de los activos, al considerar que la venta fragmentada de la empresa no permitirá cubrir la totalidad de las deudas y provocará una pérdida irreversible del patrimonio de la cooperativa.
Los acreedores sostienen que todavía existen alternativas para preservar la continuidad de SanCor como unidad productiva. Entre las propuestas presentadas figura la posibilidad de transformar parte de las acreencias en participación accionaria, con el objetivo de facilitar el ingreso de nuevos inversores y mantener en funcionamiento las plantas industriales, evitando así una liquidación definitiva que afecte aún más al empleo y a la actividad lechera regional.
Además de la cautelar para frenar la venta, también fueron presentados distintos recursos judiciales que cuestionan decisiones adoptadas durante el proceso concursal y la posterior declaración de quiebra. Entre ellos se encuentra una presentación elevada ante la Justicia santafesina en la que se solicita revisar actuaciones realizadas durante el expediente y garantizar una mayor participación de los acreedores en las decisiones vinculadas con la liquidación de la empresa.
SanCor, fundada hace casi nueve décadas, fue durante años una de las principales cooperativas lácteas de la Argentina y un actor central para miles de productores tamberos de Santa Fe y Córdoba. Sin embargo, una prolongada crisis financiera, la pérdida de capacidad productiva, la acumulación de deudas y la falta de financiamiento terminaron derivando en la quiebra decretada por la Justicia durante 2026, marcando uno de los procesos empresariales más importantes de los últimos años en el sector alimenticio.
Mientras continúa la disputa judicial, el futuro de SanCor permanece abierto. La definición sobre la venta de sus activos y el avance de las acciones impulsadas por los acreedores será determinante no solo para el cobro de las deudas pendientes, sino también para el destino de una de las cooperativas más emblemáticas del país, cuya desaparición impacta de manera directa sobre cientos de trabajadores, productores y economías regionales vinculadas a la actividad lechera.
Fuente: La Nueva Mañana
