La investigación judicial sobre el vínculo entre el diputado nacional José Luis Espert y el empresario Federico “Fred” Machado sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Fernando Domínguez considera que el contrato presentado por el legislador para justificar el cobro de US$ 200.000 sería una simulación destinada a dar apariencia de legalidad a esa transferencia de dinero. La hipótesis forma parte de la causa por presunto lavado de activos que se tramita en la Justicia Federal y que continúa avanzando con nuevas medidas de prueba.
Según la investigación, Espert presentó un contrato de consultoría económica firmado con Fred Machado para explicar el ingreso de US$ 200.000 a su patrimonio. Sin embargo, el fiscal sostiene que el documento carecería de sustento real y habría sido confeccionado con el objetivo de justificar una operación que, para la acusación, no respondería a una prestación efectiva de servicios profesionales.
La causa tiene como eje la relación entre Espert y Machado, un empresario argentino condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, fraude financiero y lavado de dinero. La Justicia argentina investiga si parte de los fondos administrados por Machado pudieron haber sido canalizados hacia actividades políticas o personales mediante mecanismos de aparente legalidad.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el contrato presentado por el diputado habría sido elaborado con posterioridad a las transferencias de dinero y no existirían elementos suficientes que acrediten que la consultoría económica efectivamente se realizó. Esa conclusión surge de distintas medidas probatorias incorporadas al expediente, entre ellas documentación bancaria, movimientos financieros y otros elementos secuestrados durante la investigación.
La investigación también analiza la relación que Espert mantuvo con Machado durante la campaña presidencial de 2019. En el expediente ya consta que el legislador utilizó en distintas oportunidades aeronaves vinculadas al empresario y que recibió una transferencia por US$ 200.000, hecho que el propio diputado reconoció públicamente, aunque sostuvo que correspondía al pago de honorarios profesionales y negó cualquier vinculación con el financiamiento político.
En el marco de la causa, la Justicia realizó allanamientos, incorporó documentación bancaria proveniente de Estados Unidos y tomó declaración a distintos testigos. La fiscalía busca determinar si existió un esquema destinado a ocultar el verdadero origen de los fondos y si el contrato presentado por Espert fue utilizado para encubrir una operación incompatible con la normativa sobre lavado de activos.
Por su parte, José Luis Espert rechazó las acusaciones y reiteró que el dinero recibido corresponde a una consultoría económica privada debidamente declarada. El legislador sostiene que nunca participó de maniobras ilícitas y que desconocía los antecedentes penales de Machado al momento de mantener la relación profesional. Además, su defensa insiste en que toda la operación fue registrada y tributada conforme a la legislación vigente.
Mientras la investigación continúa, el fiscal Fernando Domínguez mantiene la hipótesis de que el contrato constituye una simulación destinada a justificar el ingreso de los fondos. Será la Justicia Federal la que deberá resolver, una vez concluida la etapa de instrucción, si existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral o si corresponde adoptar otra decisión procesal respecto del diputado nacional.
Fuente: La Política Online.
