La Justicia bonaerense dictó una medida cautelar que frena el avance del proceso de privatización de AySA impulsado por el Gobierno nacional. La resolución obliga a la empresa a mantener las inversiones, obras y niveles de servicio vigentes mientras se analiza el fondo de la cuestión, generando un nuevo obstáculo para uno de los proyectos más importantes de la agenda privatizadora de la administración de Javier Milei.
El fallo fue emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata luego de una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. La medida cautelar de no innovar busca evitar modificaciones en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento hasta que exista una resolución definitiva sobre los alcances y consecuencias del proceso de privatización.
La resolución alcanza a los 26 municipios bonaerenses donde opera AySA y establece que la empresa deberá abstenerse de reducir inversiones, postergar obras de infraestructura o modificar obligaciones operativas que puedan afectar la calidad del servicio. Según el tribunal, resulta necesario preservar las condiciones actuales mientras se evalúan los planteos realizados por la Defensoría.
La presentación judicial argumentó que el proceso de privatización podría generar riesgos para el acceso al agua potable, el saneamiento ambiental y la continuidad de obras consideradas estratégicas para millones de usuarios. Además, se cuestionaron algunos aspectos del nuevo marco regulatorio diseñado para facilitar el ingreso de capitales privados a la compañía.
La decisión judicial llega en un momento clave. Durante los últimos meses el Gobierno avanzó con distintas medidas destinadas a concretar la privatización de AySA, incluyendo la aprobación de nuevos contratos de concesión y la autorización de una licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones de la empresa.
Desde la Casa Rosada sostienen que la incorporación de capital privado permitirá mejorar la eficiencia de la compañía, aumentar las inversiones y reducir la participación estatal en la gestión del servicio. El plan forma parte de la estrategia general del Gobierno orientada a desprenderse de empresas públicas consideradas privatizables bajo el marco de la Ley Bases.
Por su parte, sectores sindicales, organizaciones sociales y distintos actores políticos vienen expresando preocupación por el futuro del servicio. Los críticos de la iniciativa sostienen que el acceso al agua constituye un derecho esencial y advierten sobre posibles aumentos tarifarios, reducción de inversiones o deterioro de los controles estatales en caso de concretarse la privatización.
La cautelar no implica la suspensión definitiva del proceso, pero sí representa un importante revés para los planes oficiales. Mientras la medida permanezca vigente, AySA deberá mantener sin alteraciones las obras, inversiones y obligaciones actualmente previstas, limitando la capacidad de avanzar con cambios estructurales vinculados a la futura concesión privada.
Especialistas en derecho administrativo señalan que el expediente podría recorrer distintas instancias judiciales antes de alcanzar una definición definitiva. También anticipan que el Gobierno probablemente apelará la medida en busca de revertir el fallo y retomar el cronograma originalmente previsto para la privatización de la empresa.
La resolución vuelve a colocar a la Justicia en el centro del debate sobre las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo nacional. Mientras continúa la disputa judicial, el futuro de AySA y de uno de los servicios públicos más importantes del país queda sujeto a una discusión que combina aspectos económicos, ambientales, regulatorios y sociales de enorme relevancia para millones de argentinos.
Fuente: InfoGremiales
