El Gobierno de Córdoba decidió intervenir en el prolongado conflicto que mantiene enfrentados a los trabajadores judiciales, el Tribunal Superior de Justicia y distintos actores vinculados al sistema judicial provincial. La convocatoria a una audiencia busca abrir una instancia de diálogo que permita encontrar una salida a una disputa que ya afecta el funcionamiento cotidiano de los tribunales y genera preocupación entre abogados, empleados y ciudadanos.
La crisis en el Poder Judicial cordobés atraviesa uno de sus momentos más delicados luego de varias semanas de medidas de fuerza impulsadas por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ). Los reclamos salariales, las demandas por recomposición de ingresos y las críticas a distintas decisiones adoptadas en materia previsional derivaron en un escenario de creciente tensión que terminó impactando de lleno en la prestación del servicio de justicia.
Ante este panorama, la Provincia resolvió convocar a una audiencia con el objetivo de acercar posiciones entre las partes involucradas. La iniciativa apunta a generar un espacio institucional que permita encauzar las negociaciones y evitar una profundización del conflicto. Desde distintos sectores existe preocupación por las consecuencias que las medidas de fuerza vienen teniendo sobre miles de expedientes y trámites judiciales que permanecen demorados.
Los trabajadores judiciales sostienen que durante los últimos años se produjo una importante pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Desde el gremio aseguran que las políticas económicas nacionales, sumadas a decisiones adoptadas en el ámbito provincial, provocaron un deterioro significativo de los ingresos del sector. Además, reclaman la continuidad de mecanismos de equiparación salarial que, según afirman, habían comenzado a implementarse pero luego quedaron interrumpidos.
La falta de acuerdos derivó en una sucesión de paros, movilizaciones y asambleas que afectaron el funcionamiento de juzgados y tribunales en distintos puntos de la provincia. Las protestas incluyeron marchas hacia edificios públicos y nuevas medidas de fuerza que se fueron endureciendo a medida que no aparecían respuestas concretas por parte de las autoridades.
La situación también generó reacciones por parte de colegios profesionales y entidades vinculadas al ejercicio del derecho. En ciudades como Río Cuarto, abogados y representantes institucionales manifestaron su preocupación por la paralización de numerosos procesos judiciales y reclamaron una pronta solución. Advirtieron que los principales perjudicados terminan siendo los ciudadanos que esperan resoluciones judiciales o necesitan acceder a distintos servicios del sistema.
Desde el Gobierno provincial consideran que la audiencia puede convertirse en una herramienta para reconstruir los canales de diálogo y avanzar hacia un entendimiento que permita normalizar la actividad judicial. La intención oficial es que las partes expongan sus posiciones, acerquen propuestas y exploren alternativas que posibiliten superar una disputa que se viene profundizando desde hace varios meses.
Por su parte, los representantes gremiales sostienen que cualquier avance deberá traducirse en respuestas concretas a los reclamos salariales y laborales planteados por los trabajadores. En distintas oportunidades remarcaron que la cuestión económica constituye el eje central del conflicto y que las medidas de fuerza continuarán mientras no exista una propuesta considerada satisfactoria por las asambleas del sector.
La audiencia convocada por la Provincia aparece así como una instancia clave para determinar el futuro inmediato del conflicto. El resultado de ese encuentro podría marcar el inicio de una etapa de negociación más productiva o, por el contrario, derivar en una nueva escalada de las protestas. Mientras tanto, miles de causas judiciales y ciudadanos continúan pendientes de una resolución que permita recuperar la normalidad en uno de los servicios esenciales del Estado cordobés.
Fuente: CBA24N
