El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025 y las rectificaciones de las presentaciones realizadas en 2023 y 2024. Durante una entrevista televisiva, el funcionario reconoció que mantuvo durante años ahorros no declarados ante el fisco y justificó esa situación asegurando que se trataba de una práctica común entre los argentinos.
La declaración generó una fuerte repercusión política debido a que se produce en medio de cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio y de una investigación judicial que busca determinar si existen inconsistencias entre sus ingresos declarados y el nivel de gastos y bienes acumulados durante los últimos años.
“Ahorramos en negro, como todos los argentinos”
Durante la entrevista, Adorni sostuvo que una parte importante de su patrimonio proviene de inversiones realizadas en criptomonedas y reconoció que esos fondos no habían sido declarados oportunamente.
Según explicó, tanto él como su esposa desarrollaron durante más de dos décadas actividades en el sector privado y mantuvieron ahorros fuera de los registros fiscales. El funcionario afirmó que esa situación era habitual entre los argentinos que lograron ahorrar en contextos de inestabilidad económica.
Además, señaló que la reconstrucción patrimonial demandó tiempo debido a la complejidad de reunir documentación correspondiente a varios años de actividad económica previa a su ingreso al Gobierno nacional.
Las rectificaciones patrimoniales
La presentación no sólo incluyó la declaración correspondiente a 2025 sino también modificaciones sobre declaraciones anteriores.
Según trascendió, las rectificaciones incorporan fondos que originalmente no habían sido informados y que ahora son atribuidos a ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018. Adorni sostiene que esos recursos explican una parte significativa de su patrimonio actual.
Las modificaciones también alcanzaron declaraciones vinculadas a su esposa, Bettina Angeletti, quien recientemente quedó en el centro de la polémica por su adhesión al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno nacional.
La investigación judicial
La presentación se realiza en un contexto de creciente escrutinio público sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.
Las investigaciones periodísticas y judiciales surgieron luego de que se conocieran viajes, adquisiciones inmobiliarias y otros gastos que diversos sectores consideraron difíciles de justificar únicamente con los ingresos declarados por el funcionario.
Entre los elementos analizados aparecen la compra de propiedades, refacciones, viajes al exterior y movimientos patrimoniales que ahora Adorni intenta explicar mediante la incorporación formal de ahorros previamente no declarados.
El papel de la Inocencia Fiscal
La estrategia del funcionario se vincula además con la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una reforma impulsada por la administración de Javier Milei que permite regularizar determinados activos y establece nuevas condiciones para la fiscalización tributaria.
Desde el oficialismo sostienen que la utilización de este mecanismo es completamente legal y que cualquier contribuyente puede acogerse a sus beneficios. Sin embargo, sectores opositores cuestionan que funcionarios o familiares directos de funcionarios recurran a herramientas de regularización creadas por el propio gobierno del que forman parte.
Repercusiones políticas
Las declaraciones del jefe de Gabinete generaron una inmediata reacción en el escenario político.
Referentes opositores cuestionaron tanto la demora en la presentación de la documentación como la admisión de haber mantenido fondos sin declarar. Al mismo tiempo, sectores oficialistas defendieron la legalidad del procedimiento y destacaron que la presentación ante la Oficina Anticorrupción constituye un acto de transparencia institucional.
Mientras tanto, la Justicia deberá analizar la documentación aportada y determinar si las explicaciones presentadas resultan suficientes para responder a los interrogantes planteados sobre la evolución patrimonial del funcionario.
