El vocero presidencial Manuel Adorni volvió a quedar bajo la lupa pública luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, ingresó al denominado régimen de “inocencia fiscal”, un mecanismo impulsado por el Gobierno nacional para regularizar activos no declarados sin enfrentar sanciones penales ni tributarias. La información generó fuertes críticas desde la oposición, que cuestionó la utilización de una herramienta promovida por la propia administración libertaria por parte de familiares directos de funcionarios nacionales.
La controversia se desató tras la difusión de datos vinculados al acogimiento de Angeletti al régimen establecido por el Gobierno de Javier Milei como parte de su paquete de medidas de regularización patrimonial y blanqueo de capitales. Desde distintos sectores opositores señalaron que el episodio plantea interrogantes éticos y políticos sobre el uso de beneficios fiscales por parte del entorno cercano de altos funcionarios del Ejecutivo.
En medio de la polémica, desde el oficialismo defendieron la legalidad del procedimiento y remarcaron que el régimen fue diseñado precisamente para permitir la exteriorización de activos dentro del marco normativo vigente. Según esta postura, cualquier ciudadano que cumpla los requisitos establecidos por la ley puede adherir al mecanismo, independientemente de su vínculo familiar con funcionarios públicos.
El caso adquirió especial repercusión porque Manuel Adorni es uno de los principales voceros del gobierno libertario y una de las figuras más visibles de la administración Milei. Sus conferencias de prensa diarias y su fuerte presencia en redes sociales lo convirtieron en uno de los dirigentes más identificados con el discurso oficial contra “la casta” y a favor de la transparencia y el orden fiscal.
La oposición, en cambio, aprovechó el episodio para cuestionar la coherencia del discurso oficial. Dirigentes de distintos espacios señalaron que resulta contradictorio promover un relato de austeridad, ejemplaridad y combate contra privilegios mientras familiares de funcionarios acceden a mecanismos de regularización de activos no declarados. Algunos referentes incluso reclamaron mayores precisiones sobre el origen de los bienes exteriorizados y sobre la situación patrimonial del entorno del vocero presidencial.
Desde el entorno de Adorni evitaron profundizar la discusión pública y remarcaron que se trata de una cuestión estrictamente privada y amparada por la legislación vigente. También insistieron en que el funcionario no fue beneficiario directo del régimen y que la adhesión correspondió exclusivamente a su esposa en calidad de contribuyente individual.
El episodio se suma a una serie de debates recientes en torno al régimen de regularización fiscal impulsado por el Gobierno. Mientras el oficialismo sostiene que la medida permitirá atraer capitales, ampliar la base tributaria y dinamizar la economía, sectores opositores y especialistas cuestionan que se otorguen amplios beneficios a quienes mantuvieron activos fuera del sistema formal durante años.
Además del impacto político inmediato, el caso reavivó una discusión más amplia sobre los estándares éticos que deberían regir para los funcionarios públicos y sus familiares directos. En Argentina, aunque no existe una prohibición general para que parientes de funcionarios accedan a regímenes fiscales especiales, la cuestión suele generar controversias vinculadas a la transparencia y a los posibles conflictos de interés.
Por ahora, el Gobierno intenta desactivar la polémica insistiendo en que no hubo ninguna irregularidad legal. Sin embargo, el episodio volvió a colocar a Manuel Adorni en el centro de la discusión pública y abrió un nuevo frente de cuestionamientos para una administración que hizo de la crítica a los privilegios y a la “casta política” uno de los ejes centrales de su construcción discursiva.
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Política Argentina, declaraciones oficiales y normativa vinculada al régimen de regularización fiscal impulsado por el Gobierno nacional.
