Legisladoras nacionales de Unión por la Patria presentaron una iniciativa de repudio al accionar de los organismos judiciales y policiales que intervinieron en la búsqueda de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba cuyo caso generó una profunda conmoción social. Las diputadas cuestionan presuntas irregularidades durante la investigación inicial y exigen que se determinen las responsabilidades institucionales que pudieron haber incidido en el desenlace del caso.
La presentación surge en un contexto de creciente indignación social por las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de la joven. Desde distintos sectores políticos, sociales y feministas se multiplicaron los reclamos para que la actuación de los organismos estatales sea sometida a una revisión exhaustiva e independiente.
Las legisladoras sostienen que existen numerosos interrogantes sobre la respuesta brindada por las fuerzas de seguridad y por los organismos judiciales durante las horas críticas posteriores a la denuncia de desaparición. En ese sentido, remarcan la necesidad de analizar si se activaron correctamente los protocolos de búsqueda previstos para casos de adolescentes desaparecidas.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a los tiempos de reacción institucional y a la coordinación entre las distintas áreas que participaron del operativo. Las diputadas consideran que la sociedad tiene derecho a conocer con precisión qué medidas fueron adoptadas, cuándo se ejecutaron y cuáles fueron los resultados obtenidos durante cada etapa de la búsqueda.
El proyecto también expresa preocupación por las versiones que comenzaron a circular en torno a posibles fallas en la recolección de pruebas y en la articulación entre organismos provinciales y judiciales. Aunque muchos de esos elementos aún forman parte de una investigación en curso, las impulsoras de la iniciativa sostienen que resulta indispensable garantizar la máxima transparencia.
Desde Unión por la Patria señalaron además que el caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención de las violencias por motivos de género y a la protección de niñas, niños y adolescentes. Las legisladoras consideran que la desaparición de una persona debe activar respuestas rápidas, coordinadas y eficaces por parte del Estado.
La propuesta parlamentaria se suma a los pedidos de organizaciones feministas, organismos de derechos humanos y distintos espacios políticos que reclaman una investigación integral. El objetivo, según expresaron las diputadas, no es interferir en la causa judicial sino contribuir a que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon el femicidio y la actuación de las instituciones involucradas.
Mientras la Justicia continúa avanzando con la investigación penal, el caso de Agostina Vega sigue generando repercusiones políticas y sociales en todo el país. El proyecto de repudio presentado en el Congreso refleja una demanda cada vez más extendida: que no sólo se identifique y condene a los responsables materiales del crimen, sino que también se determine si existieron errores, negligencias u omisiones estatales que deban ser investigadas y sancionadas. Para la familia, las organizaciones sociales y gran parte de la sociedad cordobesa, el reclamo sigue siendo el mismo: verdad, justicia y garantías de que hechos similares no vuelvan a repetirse.
Fuente: La nueva mañana
