Cada 3 de junio, las calles vuelven a poblarse de mujeres, lesbianas, trans y travestis que se movilizan para visibilizar una realidad que persiste y se profundiza: la desigualdad económica también es una forma de violencia.
En el contexto actual, los ajustes en áreas sensibles como salud, educación, discapacidad y asistencia social tienen un impacto diferencial sobre las mujeres. No se trata solamente de una cuestión laboral, aunque las mujeres representan más del 70% de quienes trabajan en sectores como la salud y la educación. También se trata del tiempo de cuidado que esos recortes trasladan a los hogares.
Cuando el sistema de salud funciona peor, cuando faltan prestaciones para personas mayores o con discapacidad, cuando la educación pública pierde recursos o no alcanza a cubrir necesidades básicas, alguien debe asumir esas tareas. Y en la enorme mayoría de los casos son las mujeres quienes terminan absorbiendo ese trabajo de manera gratuita.
Esta situación limita sus posibilidades de acceder a empleos formales, de mejorar sus ingresos o de desarrollar proyectos de vida autónomos. La llamada “conciliación” entre trabajo y familia no es un problema individual: es una problemática política y social que requiere respuestas colectivas.
La falta de autonomía económica genera además mayores condiciones de vulnerabilidad frente a distintas formas de violencia. La dependencia económica continúa siendo uno de los principales obstáculos para que muchas mujeres y diversidades puedan salir de situaciones de abuso, discriminación o violencia de género.
A este escenario se suma el debilitamiento de programas de acompañamiento y protección, junto con discursos públicos que relativizan o atacan las conquistas logradas por los movimientos feministas y de la diversidad.
Sin embargo, lejos de retroceder, la organización colectiva continúa siendo una herramienta fundamental. El movimiento feminista no existe aislado del resto de las luchas sociales. Está integrado por trabajadoras, docentes, estudiantes, científicas, cooperativistas, jubiladas, profesionales, emprendedoras, militantes sociales y sindicales. Es parte activa de las demandas populares por una sociedad más justa e igualitaria.
Por eso, la agenda feminista no es una agenda sectorial. Habla de trabajo, de educación, de salud, de distribución de la riqueza, de democracia y de derechos. Habla de la vida cotidiana de millones de personas.
Frente a una evidente crisis de representación política, resulta imprescindible que las mujeres y diversidades con perspectiva feminista tengan mayor protagonismo en los espacios de decisión. Porque cualquier proyecto que aspire a construir una alternativa popular y democrática deberá incorporar de manera central estas demandas.
Este 3 de junio, la movilización vuelve a recordarnos que la igualdad no es una conquista definitiva. Es una construcción colectiva que requiere organización, participación y compromiso cotidiano.
Porque la desigualdad también es violencia. Y porque una sociedad más justa sólo será posible si incluye a todas y todos.
Por Gabriela Natch del IMFC
