La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz. El fallo representa una victoria judicial para el Gobierno nacional y reabre el debate sobre la protección ambiental, el desarrollo productivo y el alcance de las facultades provinciales en la administración de los recursos naturales.

La resolución judicial se produjo luego de que la Procuración del Tesoro de la Nación apelara una decisión adoptada por el Juzgado Federal de Río Gallegos, que había suspendido provisoriamente la aplicación de la Ley N.º 27.804 en territorio santacruceño. La Cámara consideró que los argumentos utilizados para justificar aquella cautelar no resultaban suficientes para impedir la vigencia de una norma sancionada por el Congreso Nacional.

Según el fallo, la decisión de primera instancia no realizó una evaluación concreta de las disposiciones legales cuestionadas y basó la existencia de un eventual daño en hipótesis o posibilidades futuras que no estaban suficientemente acreditadas. Los camaristas señalaron además que la medida cautelar avanzaba sobre competencias que excedían los límites territoriales y jurisdiccionales del juzgado que la había dictado.

La controversia había comenzado tras una presentación impulsada por autoridades municipales de El Calafate, legisladores provinciales y dirigentes políticos que cuestionaban la constitucionalidad de la reforma y advertían sobre posibles consecuencias ambientales derivadas de los cambios introducidos en el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciales.

La Ley de Glaciares constituye una de las normas ambientales más relevantes de Argentina. Su objetivo histórico ha sido preservar los glaciares y los ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas cordilleranos.

La reforma impulsada por el Gobierno nacional generó fuertes debates entre sectores políticos, empresariales y organizaciones ambientalistas. Mientras sus defensores sostienen que brinda mayor claridad normativa y fortalece el federalismo al otorgar más facultades a las provincias, sus críticos advierten que podría reducir áreas protegidas y facilitar actividades productivas, especialmente vinculadas a la minería, en zonas anteriormente restringidas.

Tras conocerse la decisión judicial, la Procuración del Tesoro destacó que el fallo restablece plenamente la vigencia de la normativa en Santa Cruz y ratifica la capacidad del Estado nacional para defender leyes aprobadas por el Congreso. Desde el oficialismo interpretaron la resolución como un respaldo a la estrategia jurídica y ambiental impulsada por la administración de Javier Milei.

Sin embargo, el debate está lejos de concluir. Organizaciones ambientalistas y sectores académicos continúan cuestionando diversos aspectos de la reforma y anticipan nuevas acciones judiciales. Mientras tanto, la decisión de la Cámara Federal marca un antecedente importante en una discusión que combina protección ambiental, desarrollo económico, autonomía provincial y el futuro de uno de los recursos naturales más estratégicos de la Argentina.

Fuente: Noticias Argentinas