Un dictamen de la Procuración General de la Nación recomendó a la Corte Suprema rechazar el pedido para que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del ex senador Edgardo Kueider quede exclusivamente en manos de la Justicia Federal. La opinión del organismo respalda la continuidad de la causa en los tribunales de Entre Ríos y agrega un nuevo capítulo a la disputa judicial sobre quién debe investigar al ex legislador.
La controversia gira en torno a un conflicto de competencia entre la Justicia Federal de San Isidro, encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, y la Justicia provincial de Entre Ríos. Ambas jurisdicciones mantienen investigaciones vinculadas a Kueider, aunque con distintos enfoques y alcances. Mientras en el ámbito federal se analizan posibles conexiones con la causa Securitas, en Entre Ríos se investiga la evolución patrimonial del ex senador durante años de desempeño en la función pública.
Según el dictamen remitido a la Corte Suprema, la Procuración consideró prematuro limitar el alcance de la investigación provincial. El organismo sostuvo que la pesquisa entrerriana se encuentra en una etapa inicial y que todavía debe determinarse si existió un incremento patrimonial injustificado durante el período analizado. Por ese motivo, entendió que no corresponde desplazar automáticamente la competencia hacia la Justicia Federal.
Uno de los argumentos centrales del dictamen es que el delito de enriquecimiento ilícito no necesariamente depende de la comprobación previa de otro delito específico. En consecuencia, la investigación provincial debería poder avanzar con amplitud para determinar el origen de los bienes y movimientos patrimoniales bajo sospecha. La Procuración también advirtió que podrían existir hechos relevantes distintos de aquellos investigados en la causa Securitas.
La jueza Arroyo Salgado había solicitado que la Justicia entrerriana se inhibiera respecto de parte de la investigación, al considerar que algunos movimientos patrimoniales podrían estar relacionados con presuntos delitos federales como lavado de activos, cohecho o negociaciones incompatibles con la función pública. Sin embargo, tanto el juez de Garantías de Concordia como instancias superiores de la Justicia provincial rechazaron ese planteo.
El Ministerio Público reconoció que existe una preocupación legítima respecto de una eventual duplicación de investigaciones sobre los mismos hechos. No obstante, consideró que esa situación puede resolverse a medida que avancen los expedientes y que no constituye motivo suficiente para paralizar o trasladar la causa provincial en esta etapa.
La definición final ahora quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver el conflicto de competencia entre ambos fueros. Su decisión será clave para determinar si la investigación continúa en Entre Ríos, pasa a la órbita federal o si se establece algún mecanismo de coordinación entre ambas jurisdicciones.
El caso Kueider se ha convertido en uno de los expedientes judiciales más relevantes de los últimos años en materia de corrupción y control patrimonial de funcionarios públicos. Mientras el ex senador continúa afrontando distintas investigaciones, incluida una causa en Paraguay por presunto contrabando de divisas, la resolución que adopte la Corte Suprema podría definir el rumbo procesal de una investigación que sigue acumulando capítulos y repercusiones políticas.
Fuente: Noticias Argentinas
