El ajuste del gobierno de Javier Milei volvió a impactar de lleno sobre las provincias argentinas. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las transferencias nacionales a los gobiernos provinciales se redujeron un 38,5% en términos reales durante el primer cuatrimestre de 2026.
El informe expone además un reparto altamente discrecional de los recursos nacionales: mientras algunas provincias alineadas políticamente con la Casa Rosada recibieron incrementos millonarios, otras sufrieron fuertes recortes y quedaron prácticamente asfixiadas financieramente.
Premios para aliados y castigo para opositores
Entre las provincias más beneficiadas aparece Catamarca, gobernada por Raúl Jalil, que recibió un incremento real del 765% en transferencias corrientes. También fueron favorecidas Entre Ríos (+125%), Mendoza (+92%) y La Pampa, que registró un salto extraordinario superior al 3600%.
En cambio, las provincias enfrentadas políticamente con el oficialismo quedaron entre las más perjudicadas. Tierra del Fuego sufrió una caída del 58%, La Rioja perdió un 72% de las transferencias y Formosa registró una merma cercana al 9%.
La provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, directamente no recibió Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los mecanismos discrecionales más importantes utilizados por el Ejecutivo nacional.
La obra pública sigue paralizada
El documento también revela que el 95% de las transferencias realizadas correspondió a gastos corrientes, mientras apenas el 5% fue destinado a inversión pública.
La consecuencia es directa: menos rutas, menos viviendas, menos hospitales y menos infraestructura para las provincias. Desde distintos distritos advierten que muchas jurisdicciones ya sostienen salud, educación, transporte y servicios básicos con recursos propios ante el retiro del Estado nacional.
El ajuste llega a obra pública, salarios y servicios
El informe revela además que el 95% de las transferencias realizadas se destinó únicamente a gastos corrientes y apenas un 5% fue dirigido a inversión pública.
La consecuencia ya se siente en todo el país: paralización de obras, deterioro de rutas, freno de proyectos de infraestructura, crisis en hospitales y dificultades crecientes para sostener salarios y servicios básicos.
Distintos gobernadores sostienen que el “déficit cero” del Gobierno nacional se construye trasladando el ajuste a las provincias y municipios, que deben absorber cada vez más gastos con menos recursos.
Una pelea política que escala rumbo a 2027
El recorte también recalienta la interna federal y empieza a modificar alianzas políticas. Gobernadores que acompañaron leyes del oficialismo comenzaron a endurecer sus discursos frente a la Casa Rosada y denuncian un uso político de la billetera nacional.
En paralelo, crece la tensión entre Nación y las provincias por la paralización de la obra pública, la caída de subsidios y el deterioro de las economías regionales.
Mientras Milei insiste con la motosierra y celebra el superávit fiscal, en las provincias crece otra realidad: menos recursos, más crisis y una sensación cada vez más fuerte de abandono federal.
