La Justicia frenó los despidos y la reestructuración del INTI tras una cautelar presentada por ATE

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La Justicia federal resolvió frenar de manera provisoria los despidos y el avance del proceso de reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), luego de una presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La medida representa un duro revés para el Gobierno nacional en medio del ajuste impulsado sobre organismos públicos y áreas estratégicas del Estado.

La cautelar busca impedir que continúe el proceso de reducción de personal y reorganización interna que venía siendo impulsado desde la administración de Javier Milei bajo el argumento de “eficientizar” el funcionamiento del organismo. Desde el gremio señalaron que el plan oficial implicaba un fuerte vaciamiento del INTI y ponía en riesgo áreas técnicas, científicas y de investigación fundamentales para el desarrollo industrial argentino.

ATE celebró la decisión judicial y sostuvo que el fallo “protege puestos de trabajo y preserva capacidades estratégicas del Estado”. Además, denunciaron que el desmantelamiento del organismo afectaría directamente a pequeñas y medianas empresas que utilizan los servicios tecnológicos y de certificación del instituto.

El INTI es considerado uno de los organismos técnicos más importantes del país, con un rol clave en el desarrollo industrial, la innovación tecnológica, el control de calidad y la asistencia a sectores productivos. Durante las últimas semanas, trabajadores y trabajadoras venían realizando asambleas, protestas y acciones de visibilización frente al temor de despidos masivos y cierres de áreas.

La resolución judicial se da en un contexto de creciente conflictividad social y sindical frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional, que también alcanzan a otros organismos públicos, universidades y sectores científicos.

Desde distintos espacios políticos y gremiales advirtieron que el conflicto recién comienza y anticiparon que continuarán las movilizaciones en defensa de los organismos del Estado y de los puestos de trabajo.

Fuente: Ambito

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