El Gobierno de Javier Milei presentó un proyecto para eliminar la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos y bebidas, una de las políticas sanitarias más importantes de los últimos años. Organizaciones médicas, académicas y sociales advirtieron que la derogación representaría “un grave retroceso” para la salud pública y el derecho de los consumidores a recibir información clara sobre los productos que consumen.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para derogar completamente la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N.º 27.642, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei propone eliminar el sistema de octógonos negros en alimentos y bebidas envasadas que advierten sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías. La decisión generó un fuerte rechazo de organizaciones científicas, médicas y sociales vinculadas a la salud pública.
La Ley de Etiquetado Frontal había sido aprobada en 2021 con amplio respaldo parlamentario y se convirtió en una de las principales herramientas regulatorias en materia alimentaria de Argentina. Su objetivo central era garantizar información clara y accesible para consumidores, además de prevenir enfermedades vinculadas a la mala alimentación. La normativa también incorporó restricciones a la publicidad dirigida a niños y limitaciones para la venta de productos ultraprocesados en entornos escolares.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo argumentó que el sistema vigente presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” y cuestionó especialmente el modelo nutricional basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Según el Gobierno, el esquema actual genera “interpretaciones simplificadas” sobre los alimentos, produce costos excesivos para empresas y provoca asimetrías regulatorias dentro del MERCOSUR.
Sin embargo, la reacción de especialistas fue inmediata. Más de 300 organizaciones sociales, científicas y académicas difundieron documentos públicos rechazando la derogación y alertando que la medida implicaría “un ataque directo al derecho a la salud”. Distintas entidades remarcaron que la ley no solo obliga a colocar sellos de advertencia, sino que además regula estrategias de marketing alimentario orientadas a las infancias y protege entornos escolares saludables.
Desde el ámbito sanitario advirtieron además que la norma argentina es considerada una referencia internacional en políticas de alimentación saludable. Andrea Graciano, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, afirmó que la ley fue elaborada sobre “la mejor evidencia científica disponible” y sostuvo que eliminarla sería “un retroceso sanitario” en un contexto donde crecen las enfermedades crónicas relacionadas con el consumo de productos ultraprocesados.
Las organizaciones que defienden la ley también presentaron estudios sobre el impacto concreto que tuvieron los octógonos negros desde su implementación. Distintos relevamientos mostraron que una mayoría de consumidores modificó hábitos de compra a partir del etiquetado y logró identificar con mayor claridad productos con exceso de azúcares, grasas y sodio. Según datos citados por entidades sanitarias, antes de la ley apenas un 13% de la población comprendía correctamente la información nutricional tradicional ubicada en la parte posterior de los envases.
Otro de los puntos más polémicos del proyecto oficial es la posible flexibilización de restricciones publicitarias para alimentos ultraprocesados. Actualmente, la normativa prohíbe utilizar personajes infantiles, influencers, dibujos animados o estrategias de marketing dirigidas a niños en productos que posean sellos de advertencia. Las organizaciones sostienen que eliminar esas limitaciones abriría nuevamente la puerta a campañas publicitarias agresivas orientadas al consumo infantil de alimentos poco saludables.
El debate promete escalar rápidamente dentro del Congreso y del ámbito sanitario argentino. Mientras el Gobierno insiste en reducir regulaciones y armonizar criterios comerciales con otros países del MERCOSUR, sectores científicos y sociales advierten que la derogación implicaría desmontar una política pública considerada clave para combatir obesidad, hipertensión, diabetes y otras enfermedades no transmisibles que afectan a millones de personas en Argentina.
Fuente: El Destape
